Miles de propietarios de vehículos extranjeros siguen sin una ruta sencilla para legalizarlos. El programa federal cerró el 31 de diciembre de 2025, pero Chihuahua, Tamaulipas y Baja California mantienen gestiones ante el Gobierno Federal para crear un esquema que atienda las unidades excluidas del proceso.
Hasta ahora no existe un decreto que reactive la regularización. Las autoridades únicamente analizan un mecanismo distinto para quienes no lograron completar su trámite antes del vencimiento. Por ello, ninguna persona puede ofrecer citas, incorporaciones al padrón o procedimientos amparados por un programa federal vigente.
El decreto puesto en marcha durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador permitió regularizar cerca de 3 millones de automóviles en 17 entidades. Sin embargo, una cantidad importante quedó pendiente cuando concluyó el plazo, situación que mantiene la presión sobre los estados fronterizos.
Mientras el Gobierno Federal no publique una nueva convocatoria, la importación definitiva por aduana es la única alternativa legal. El procedimiento obliga a cumplir la Ley Aduanera, las reglas del T-MEC y las normas ambientales. También requiere un agente aduanal y cuesta aproximadamente entre 26 mil y 33 mil pesos, según las características del vehículo.
Ese costo y la espera han abierto espacio para sitios de internet y supuestos gestores que prometen trámites inexistentes. Las autoridades alertaron que no hay intermediarios autorizados y pidieron no entregar dinero, documentos personales ni información del automóvil a quienes aseguren contar con accesos especiales.
Si llega a aprobarse otro esquema, cualquier información válida deberá aparecer en canales oficiales. Hasta entonces, los propietarios deben desconfiar de anuncios que ofrezcan citas, placas, inscripciones o regularizaciones rápidas, porque el programa anterior terminó sin prórroga.
La discusión continúa entre autoridades estatales y federales, pero todavía no hay fecha, reglas ni garantía de reapertura. Para miles de familias, la incertidumbre permanece: pagar una importación costosa o esperar un posible mecanismo mientras evitan caer en fraudes.
La recomendación es clara: verificar cada anuncio, consultar únicamente dependencias públicas y no iniciar pagos hasta que exista una convocatoria formal que establezca requisitos, costos y fechas. Fuera de ese marco, cualquier oferta carece de respaldo oficial.
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