TAMAULIPAS — La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas resolvió delimitar el perímetro de su investigación penal en torno al fallecimiento de Dafne Zapata, una adolescente de trece años que perdió la vida a dos días de haber ingresado a una institución militarizada privada.

A través de un pronunciamiento oficial, el fiscal general Jesús Eduardo Govea Orozco desestimó los datos técnicos difundidos de manera ajena a la institución e insistió en que las actuaciones judiciales se conducen bajo la metodología y los protocolos establecidos para el delito de feminicidio.

El curso que ha tomado la carpeta de investigación evidencia un quiebre formal entre la postura institucional de la Fiscalía y las demandas presentadas por la representación legal de la víctima.

Mientras el órgano de procuración de justicia centra sus esfuerzos en reconstruir las circunstancias específicas del deceso, la autoridad ha dejado fuera del foco de la indagatoria penal los aspectos administrativos y de regulación operativa del campamento militarizado.

Esta determinación busca acotar la responsabilidad penal a los hechos inmediatos, según lo expuesto por la titularidad de la fiscalía. Por su parte, Alejandra Quintos, madre de la menor, ha señalado deficiencias en la integración de la causa y la falta de órdenes de aprehensión contra el personal involucrado.

Según los antecedentes expuestos por la familia, la adolescente ingresó al establecimiento en condiciones óptimas de salud y experimentó un deterioro físico acelerado que derivó en su muerte.

Durante dicho lapso, la administración del centro limitó la comunicación a reportes de conducta e incidencias médicas sin aportar constancias ni prescripciones emitidas por personal de salud acreditado.

A las denuncias del caso particular se han sumado testimonios sobre presuntas conductas sistemáticas de maltrato físico al interior del recinto. Las acusaciones recabadas por los familiares describen castigos corporales, dinámicas de agresiones entre los propios alumnos y prácticas de sumersión forzada.

Pese a estos sealamientos, las autoridades estatales reiteraron que la difusión de información continuará supeditada al estricto apego al debido proceso, reservando los avances técnicos hasta la conclusión de las etapas procesales correspondientes.

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