Permeados por la delincuencia. El 25 de septiembre del 2024, apenas 16 días de iniciada la narcoguerra, el Ejército ordenó el acuartelamiento de toda la Policía Municipal de Culiacán. Y no solo eso, los desarmó y todo su armamento fue sometido a revisión.
Existían sospechas fundadas de que los grupos criminales tenían permeada la corporación. Un informe de inteligencia lo tenía contemplado. 8 meses después, con el altercado suscitado entre policías municipales y estatales en una clínica particular de Culiacán, el tema de la infiltración del crimen organizado volver a tomar fuerza.
Siete policías municipales fueron detenidos cuando montaban guardia en esa clínica particular, protegiendo al parecer a dos civiles que habían ingresado heridos de bala. Los policías estatales acudieron al sitio al recibir una llamada anónima que alerto del ingreso de dos civiles lesionados a esa clínica. Los municipales les impidieron el paso. Ahí surgió el problema. Es muy probable que el Ejército vuelva a intervenir y ordenar el acuartelamiento de la policía municipal de Culiacán. Esto sería en cuestión de horas. Y la propia vocera de la Secretaria de Seguridad en Sinaloa Verona Hernández no descartó la posibilidad de que se dé una “nueva revisión del armamento de la Policía Municipal de Culiacán”.
En medio de todo esto, el silencio oficial de todas las instancias de gobierno. ¿Qué ocultan? Ayer la misma vocera de Seguridad Pública, Verona Hernández, dijo que “no se tiene mayor información del tema”, al referirse a la detención de los siete policías municipales. Y que lo único que se sabía es que “la clínica esta vigilada”. Cómo es posible que la Secretaría de Seguridad desconozca porque motivo sus propios elementos estatales detuvieron a los siete municipales.
Violento enfrentamiento en Imala. Por casi dos horas dos grupos de civiles armados se enfrascaron en una cruenta guerra donde utilizaron armas de todos los calibres. Las calles de algunas comunidades como El Pozo y Mezquitita fueron escenarios del enfrentamiento entre sujetos armados. Los vecinos de esas comunidades dieron testimonios de lo que escucharon y la forma en que todos permanecieron encerrados en sus casas para ponerse a salvo.
Los hechos se reportaron como a las cinco de la mañana de ayer miércoles. Las fuerzas del orden encabezadas por militares aparecieron horas después de los hechos. Se dijo que encontraron regados miles de balas de diversos calibres y una camioneta blindada todavía en llamas. No se dio a conocer si hubo muertos o heridos. De acuerdo con las versiones desde muy temprano vecinos de Imala reportaron la presencia de caravanas de vehículos con civiles armados a bordo. Luego de eso se escucharon las detonaciones. Algunos refirieron que se escucharon rechinidos de llantas como si se hubiera dado alguna persecución.
Entre lo legal y lo político. El caso del exalcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros tendría que ser visto desde dos vertientes. El legal que ya se libra en tribunales donde la Fiscalía Estatal tendrá que probar los presuntos delitos cometidos por Vargas Landeros en tanto que los abogados defensores hacer valer sus pruebas que demuestren la inocencia de su defendido. Y el otro que es el político y que ayer comenzó a darle forma el propio Vargas Landeros cuando en un comunicado y declaraciones a los medios afirma que atrás del proceso judicial que esta enfrentando hay “un claro intento por sacarme de la vida política de nuestro estado”.
Y comenzó a su manera a subirle de tono a su posicionamiento político al decir: “Lamento que se recurra a estrategias poco éticas para tratar de deslegitimar un proyecto que a demostrado resultados”.
En referencia a su proyecto político que todos saben, porque nunca lo ocultó, el convertirse en candidato a Gobernador. En lo jurídico Vargas Landeros tendrá que resolver su caso y evitar que se llegue a la suspensión de sus derechos políticos. Es decir que quede inhabilitado para convertirse en candidato y ocupar algún cargo en el servicio público. Y en lo político, pareciera que el discurso de Vargas Landeros se encamina a algo parecido a lo que argumentaron los exalcaldes de Mazatlán Luis Guillermo Benítez y de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, en sus conocidos casos de desafuero.
Por cierto. Al ser vinculado a proceso, el exalcalde de Ahome Gerardo Vargas Landeros tendrá que acudir a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares y se le prohibió salir del país sin consentimiento previo de la autoridad judicial.
El Juez Carlos Alberto Herrera desestimó los argumentos presentados por la defensa de Vargas Landeros que insistieron una y otra vez que a las solicitudes de información de la Fiscalía se respondieron en tiempo y forma. En la autorización de arrendamiento de 126 patrullas por un monto de 171 millones intervinieron otros funcionarios públicos. Seguramente se referían a quienes integran el Comité de Compras por donde debió de pasar ese procedimiento. La vinculación a proceso fue por los delitos de Abuso de autoridad y delitos cometidos por servidores públicos, de acuerdo a la causa penal 830/2025.
Demandan viviendas. Un grupo de 30 familias se manifestaron ayer en las instalaciones del Palacio Municipal de Mazatlán para demandar apoyo para contar con una vivienda digna. Los manifestantes actualmente tienen una invasión de terrenos en lo que ellos llamaron “Rincón de Mazatlán”. Tienen cuatro años en esa invasión y dijeron que el anterior Alcalde Edgar González les apoyo con la introducción del sistema de agua potable. Pero actualmente no cuentan con luz eléctrica ni drenaje.
Los manifestantes fueron atendidos por el Tesorero Municipal Julio Cesar Ramos. Mientras esto sucedía en Mazatlán, en Palacio de Gobierno en Culiacán el Gobernador Rubén Rocha Moya presidia un encuentro con representantes de grupos desplazados del sur de Sinaloa que actualmente ocupan viviendas en el Fraccionamiento CVIVE en Mazatlán. En ese encuentro el Gobernador reiteró su compromiso por apoyar las necesidades de aquellas familias que por diversos motivos se han visto precisadas en abandonar sus comunidades. CVIVE es un asentamiento ubicado atrás del nuevo edificio que ocupa el Hospital Militar.
Más claro ni el agua. En su “mañanera” de ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al abogado oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz por haber logrado alcanzar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Será quien releve en ese cargo a la ministra Presidenta Norma Piña que se significó por ser una férrea defensora de la autonomía del poder judicial ante los embates del poder ejecutivo representando por López Obrador.
El nuevo Presidente de la SCJN es “conocido” de Sheinbaum como lo reconoció ayer. Y mientras la Presidenta se congratulaba por el nuevo nombramiento, otras ministras de la corte que se sentían casi con la presidencia de ese poder en su bolsa, han tenido que tragarse su coraje. Se adelanta que estas ministras aun siendo de la 4T le harán la vida cansada al oaxaqueño. Habrá que verlo.
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