La famosa encuesta

Más allá de los números y de que Imelda Castro Castro haya resultado la mejor posicionada en la encuesta que definió la Coordinación de la 4T en Sinaloa, hay un dato que merece atención: Morena hizo públicos los resultados y hasta explicó cómo se construyó el puntaje de cada aspirante. No recordamos un antecedente así y claro, podemos equivocarnos. Es la primera vez que se hace y ayuda a legitimar la decisión tomada. Y es que puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Durante años, las encuestas morenistas han cargado con la sospecha de ser una versión moderna del viejo dedazo priista toda vez que se anunciaba una medición, pero rara vez se conocían sus números, metodología o resultados completos. El partido decía “encuesta” y los demás tenían que creer. Por eso, transparentar ahora el ejercicio —con sus mil 500 entrevistas, atributos evaluados y porcentajes— ayuda a despejar, al menos en este caso, los velos de sospecha. No convierte automáticamente al método en infalible, pero sí pone sobre la mesa elementos que pueden ser revisados y discutidos. Porque si Morena hizo de las encuestas su herramienta para decidir candidaturas, lo mínimo que se le puede pedir es que también haga públicos los resultados. De lo contrario, aquello de los nuevos tiempos corre el riesgo de terminar pareciéndose demasiado a los viejos con sus caducas prácticas desde el poder.

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Los que no aparecen

La transparencia de la encuesta permite revisar sus números y conocer cómo se construyó el resultado, pero también deja preguntas sobre a quiénes se midió y bajo qué criterios se integró la lista de perfiles. Si Morena plantea construir una alianza con el Partido Verde y el PT, llama la atención que Ricardo Madrid y Fernando García no hayan sido evaluados. No se informa qué lugar habrían ocupado ni si fueron siquiera considerados en algún momento. En los hechos, el ejercicio parece haber medido únicamente a figuras de Morena. También queda la pregunta de qué criterios definieron quién entraba en la medición y quién se quedaba fuera, sobre todo cuando algunos perfiles incluidos enfrentan procesos o señalamientos públicos. La metodología puede ser clara y los resultados estar a la vista, pero eso no resuelve por sí solo la selección de los nombres ni despeja todas las dudas sobre el alcance de la encuesta. Si el ejercicio busca orientar una candidatura de coalición, sería razonable conocer por qué sus posibles aliados no fueron medidos. Y si se trató de una encuesta exclusivamente morenista, también convendría decirlo con claridad. Las cifras se pueden revisar; la selección de los nombres y las ausencias, también.

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¿No tapar anomalías?

Pues resulta que el viaje de los diputados de Morena de Sinaloa a Chihuahua todavía trae cola. Y no precisamente de avión. Después de que se conociera que tres legisladores y un asesor viajaron a una manifestación contra la gobernadora panista Maru Campos con gastos cargados al Congreso del Estado, ahora la priista Irma Moreno exige que se investigue y, si el dinero público se utilizó para una actividad partidista, que se regrese. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo interesante vino desde Morena. El diputado Manuel de Jesús Guerrero aseguró que “no tapamos ninguna anomalía” y que habrá que investigar si todo se hizo conforme al reglamento. ¡Qué bueno! Faltaba más. Porque, en efecto, no tendría por qué taparse nada. Mucho menos cuando se trata de dinero público y cuando quienes lo gastaron no fueron precisamente a una sesión legislativa, sino a una manifestación de evidente contenido político. La pregunta, entonces, es ¿con qué argumento se le pidió al Congreso pagar lo que parece haber sido una actividad política de Morena? Porque una cosa es que los diputados tengan derecho a marchar, protestar, militar o apoyar a quien quieran. Y otra, muy distinta, es que la factura se la pasen al Poder Legislativo. Y aquí es donde la 4T debería tener especial cuidado pues si tanto presume que ya no es como los de antes, tendría que demostrarlo también cuando la tentación es cargarle al erario aquello que corresponde al partido. Así que investiguen. Abran los documentos. Que aparezcan las solicitudes, las autorizaciones, los conceptos y las facturas. Y si todo estuvo en regla, que lo expliquen. Pero si hubo un abuso, que se devuelva el dinero. Porque decir “no tapamos ninguna anomalía” suena muy bien… que reembolsen el recurso sonaría mejor.

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El primer movimiento

Después de varios días en que los cambios de gabinete eran más rumor que anuncio, el primer movimiento ya se concretó: Carlos Alfaro Morales asumió la Vocalía Ejecutiva de la CEAPAS, en sustitución de Abraham Bello Esquivel, quien realmente había renunciado al cargo. El nuevo funcionario habló de revisar perfiles, mejorar la operación del organismo y trabajar en un proyecto pluvial. Son compromisos pertinentes, sobre todo después de las inundaciones recientes en comunidades de Navolato y Guasave y de que el Gobierno estatal asegurara que tiene reservas para atender contingencias. Pero este relevo no se medirá por una toma de protesta ni por una lista de buenas intenciones. Habrá que ver si se traduce en obras, coordinación con los municipios y mejores servicios de agua y saneamiento. La pregunta es si este primer movimiento abre una renovación más amplia o queda como un ajuste aislado. Más allá de los nombres, el Gobierno estatal llevará una re ingeniería en puestos clave, como se anunció hoy en nuestras redes, los primeros cambios serán en finanzas, y obras públicas, normatividad e ISIFE, al tiempo, dice la máxima, los cambios se darían hoy, pero por tema de agenda la gobernadora aplazo los cambios.