El trayecto político de
Gabriel Rivas Ríos
estuvo marcado por constantes hostigamientos previos a su homicidio. Desde agosto de 2012, tras liderar protestas populares frente al incremento en el costo del transporte público, el entonces regidor interpuso formalmente denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos por intimidaciones telefónicas continuas.
En aquel periodo,
Amnistía Internacional
divulgó un comunicado detallando que el servidor público recibió llamadas desde diferentes líneas donde un individuo le exigía detener sus protestas bajo la advertencia explícita de "meterle un balazo" o bien enviarle un "regalito" al domicilio maternal.
Semanas después de tales advertencias, la vivienda de su madre en Cuernavaca sufrió un atentado a balazos, forzando a la familia a un desplazamiento forzado.
Las intimidaciones resurgieron con fuerza en marzo de 2025, cuando el regidor reportó la recepción de mensajes intimidatorios a través de WhatsApp, derivados directamente de su oposición frontal a la actualización de las tablas catastrales de valores impulsada en la demarcación capitalina.
Pese a este historial documentado de agresiones, la presidenta
Claudia Sheinbaum
puntualizó en su conferencia mañanera del 6 de noviembre que el edil jamás solicitó esquemas formales de protección federal.
Durante aquella intervención, la mandataria calificó el crimen como un atentado perfectamente planeado, afirmando que no existían dudas sobre la naturaleza dirigida y ordenada de la agresión mortal.
El operativo de captura del presunto homicida
La aprehensión del supuesto autor material se concretó gracias a un despliegue operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), bajo el mando de
Omar García Harfuch
, en colaboración estrecha con la Fiscalía General del Estado de Morelos y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las labores de indagatoria permitieron ubicar a Ricardo Alejandro “N” en el municipio de Xochitepec, sitio donde se ejecutó formalmente el mandato judicial por los delitos de homicidio calificado en agravio del regidor y defensor ambiental.
El titular de la SSPC explicó que el rastro digital y físico del sospechoso se reconstruyó mediante el análisis minucioso de las cámaras de videovigilancia urbanas, herramientas que facilitaron la identificación de las motocicletas empleadas durante la ejecución del crimen.
Asimismo, las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las líneas de indagatoria con el objetivo de esclarecer por completo el entramado delictivo, determinar si existieron autores intelectuales adicionales y garantizar que el caso no quede en la impunidad.
Cronología del atentado y el activismo ambiental
El asesinato de Gabriel Rivas se perpetró la tarde del 4 de noviembre mientras transitaba a bordo de su vehículo particular por la colonia Ejidos de Acapantzingo, situada en Cuernavaca.
En ese punto, tripulantes de motocicletas lo interceptaron y abrieron fuego de forma directa contra su humanidad. El crimen ocurrió apenas horas después de que el concejal acudiera al
Tribunal de Justicia Administrativa
(TJA) para litigar en contra de un proyecto inmobiliario proyectado en La Cazahuatera, considerada una de las reservas ecológicas más importantes de la capital morelense.
El regidor había articulado una firme resistencia institucional y social contra dicha obra urbanística, advirtiendo sobre el impacto irreversible que tendría sobre los mantos acuíferos, la vegetación local y el equilibrio ambiental de la región.
Cabe destacar que, además de su labor como férreo opositor a los desarrollos inmobiliarios lesivos para el entorno, Rivas presidía las comisiones edilicias de Derechos Humanos, Patrimonio Municipal y Atención a Personas con Discapacidad dentro del Cabildo de Cuernavaca para el periodo comprendido entre 2025 y 2027.
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Con información de Infobae.