En el centro de la controversia política se encuentra Lucía Jazmín Torres Castillo, quien se desempeña como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca.
La funcionaria ha sido formalmente señalada por la diputada federal Aracely Cruz Jiménez —perteneciente al Partido del Trabajo (PT)— de haberla intimidado y amenazado en repetidas ocasiones.
Durante una conferencia de prensa, la legisladora exigió esquemas de protección efectivos para salvaguardar su propia vida, la de su círculo familiar y la de sus colaboradores, luego de sostener encuentros con la representante estatal en los que presuntamente se aludió a supuestos lazos de su familia con el crimen organizado.
El origen de las intimidaciones y el trasfondo político
Los amagos ocurrieron, según el testimonio de Cruz Jiménez, en el transcurso de diversas reuniones llevadas a cabo entre los meses de julio y noviembre.
En dichos encuentros, la diputada acompañaba a las autoridades electas del municipio de San Juan Mazatlán, las cuales —a pesar de contar con un fallo favorable emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral— continúan sin recibir el reconocimiento oficial por parte del gobierno del estado.
La legisladora federal enfatizó de manera particular dos de estas citas. La primera de ellas tuvo lugar con posterioridad al nombramiento de Torres Castillo al frente de la citada subsecretaría oaxaqueña, designación oficializada el 5 de noviembre.
Fue en esa ocasión cuando se le notificó a la comitiva que la funcionaria era descendiente directa de un individuo presuntamente vinculado de manera informal al homicidio de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo. Al respecto, la representante popular declaró textualmente:
“En el 2024, Sandra Domínguez fue desaparecida en María Lombardo de Caso, de donde es Lucía. En el momento que a Sandra la estuvimos buscando con el gobierno federal, nunca con el apoyo del gobierno estatal, tuvimos conocimiento real, si se los digo real porque lo vi con las instancias competentes, de que el papá de Lucía había ido a amenazar a Sandra con una pistola” [about:srcdoc6].
Asimismo, Cruz Jiménez aseguró que, durante la misma charla, la propia Torres Castillo admitió que su progenitor sostuvo un encuentro con el cabecilla de una organización delictiva hegemónica en aquella zona geográfica [about:srcdoc6], agregando que ella misma afirmó: “Ella dice que su papá recibió al líder del crimen organizado en su casa, que cuentan con fotografías, su mamá tenía cámaras y los fotografió”.
Nuevas advertencias y el llamado al gobierno federal
La tensión escaló en una segunda junta en la cual Torres Castillo acudió en calidad de representante de Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno. En este espacio, la funcionaria desestimó una vez más la victoria electoral de los representantes de San Juan Mazatlán. Al respecto, la diputada del PT externó su alarma:
“Me volvió a contar la misma historia de que su papá se había reunido con el líder del crimen organizado, con el presidente Esteban, pero me alarmó algo. La primera vez dijo que la reunión había sido en su casa y que tenía fotografías, y en esta segunda ocasión dijo que había sido en la casa del líder del crimen organizado de la zona en Yaveo y que su hermana tenía las fotografías y pruebas respecto a eso”.
Frente a este panorama, la legisladora manifestó un profundo temor por la seguridad de quienes auxilian causas sociales y protegen los derechos de los pueblos originarios.
Denunció además que carece de garantías reales de protección institucional, a pesar de haber solicitado el respaldo de la Guardia Nacional y distintas instancias federales. “Yo no quiero ser un número más y no quiero que me maten.
Por eso lo vengo a denunciar”, recalcó. Como medida inmediata, anunció que entregará los audios y pruebas materiales en su poder a Omar García Harfuch, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para exigir su intervención directa.
Cuestionamientos en torno al perfil y designación del cargo
La llegada de Lucía Jazmín Torres Castillo a la administración del gobernador Salomón Jara ha generado fuertes dudas en torno a los filtros y lineamientos de selección gubernamental.
Las críticas se centran primordialmente en su escasa trayectoria laboral; de acuerdo con los registros, obtuvo su título profesional en Derecho apenas en noviembre de 2025 y recibió su cédula en mayo de 2026, convirtiéndose en funcionaria de alto rango pocos meses después.
Aunado a la ausencia de antecedentes comprobables en la gestión pública —un requisito crucial para un puesto que exige habilidades de concertación política, manejo de crisis y enlace institucional con los municipios—, el debate público se ha avivado debido a su percepción salarial fijada en 43 mil pesos mensuales, consolidando la polémica en torno a su nombramiento impulsado por el secretario general de Gobierno, Jesús Romero López.
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Con información de Infobae.