Culiacán, Sinaloa.- La aprobación en el Senado para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, genera puntos de vista distintos entre diputados del oficialismo y de la oposición en el Congreso del Estado.
El legislador del PRI, Carlos Alberto Meza Soto mencionó que el hecho de que el gobierno toque este ‘guardadito’ podría ser fatal para las futuras generaciones, además que existe la posibilidad que sea desviado para otras cosas que la función que se señala en la reforma presentada por la bancada de Morena.
“Aparte de que el gobierno federal no ha sido transparente en los recursos que han sido utilizados en los programas sociales y principalmente este tema no se debe utilizar para otras cosas, eso es lo más importante”, señaló Meza Soto.
Por otra parte, el diputado, Marco Zazueta Zazueta, integrante del grupo parlamentario de Morena sostuvo que se quieren fortalecer las pensiones con esta reforma, al contrario de lo que dice la oposición que pretende confundir a la población al decir que se quiere acabar con las pensiones.
“Lo que buscamos es que a partir y como lo ha anunciado el presidente de la República va a buscar la manera de donde se pueda estar aportando la manera de poder cumplir del cien por ciento de aquellos trabajadores que están por jubilarse que entraron en la ley nueva que no van a tener derecho a nada”.
Marco Zazueta afirmó que hay un fondo que no fue reclamado, pero sentenció que ese dinero lo usan los banqueros y que es beneficioso que lo trabaje el gobierno para poder satisfacer y cumplir con las pensiones.
La reforma para crear el Fondo Bienestar de las Pensiones plantea que el dinero de las cuentas inactivas en las afores de las personas mayores de 70 años, se transfiera este nuevo fondo, el cual seguirá generando intereses y sus propietarios podrán pedir la devolución de este recurso, aunque no se detalla cómo.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México en nombre del gobierno y que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será responsable de establecer cómo funcionará este fondo, mediante un decreto que emitirá el presidente dentro de los 60 días posteriores a que este proyecto de decreto entre en vigor.
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