El material audiovisual, grabado por cámaras de videovigilancia durante una reunión privada, muestra al exgobernador abordar el tema de auditorías estatales relacionadas con contratos públicos rescindidos durante la presente administración.
Entre los antecedentes expuestos en el intercambio destaca la cancelación de compromisos financieros con la empresa Fisamex, firma vinculada a proyectos de infraestructura bajo escrutinio por presuntas irregularidades administrativas.
Esta filtración ocurre en un contexto institucional complejo, marcado por la difusión previa de grabaciones en las que la titular del Ejecutivo estatal dialoga con supuestos intermediarios atribuibles a agencias de inteligencia de Estados Unidos.
La gobernadora Ávila Olmeda sostiene que dichos audios formaron parte de una estrategia deliberada coordinada por Bonilla Valdez, argumentando que los encuentros fueron pactados mediante canales de comunicación institucional tras señalamientos sobre su estatus migratorio.
El trasfondo de esta confrontación institucional se remonta al proceso de transición política de 2021 y a la posterior fragmentación de las corrientes internas del oficialismo en la entidad.
La discrepancia entre ambos actores políticos conllevó la salida de Bonilla Valdez de las filas de Morena hacia el Partido del Trabajo, desde donde ha mantenido señalamientos constantes contra la administración local.
La escalada verbal y las acusaciones cruzadas sobre presuntas irregularidades administrativas, contactos con entidades extranjeras y manejo de recursos públicos reflejan un escenario de polarización que impacta de manera directa el entorno gubernamental y la estabilidad política de Baja California.
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Con información de Infobae