Ciudad de México.- Tras la sentencia a cadena perpetua e imposición de una multa de 15 mil millones de dólares dictada en Estados Unidos contra Ismael "El Mayo" Zambada, el Gobierno de México buscará intervenir en la ruta jurídica de los activos confiscados.
La administración federal ha determinado solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) una evaluación legal para explorar los mecanismos que permitan reclamar una parte del patrimonio del cofundador del Cártel de Sinaloa, con el fin de destinarlo a la reparación del daño colectivo generado por las décadas de operación del crimen organizado en el país.
El pronunciamiento gubernamental no solo abre la vía para una eventual controversia sobre el destino final de la fortuna atribuida al capo, sino que vuelve a poner bajo escrutinio las circunstancias que rodearon su detención en julio de 2024.
Desde la perspectiva del Ejecutivo mexicano, la narrativa oficial difundida por las autoridades estadounidenses respecto a la captura de Zambada mantiene serias inconsistencias, particularmente en lo referente al nivel de participación de agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El traslado del líder delictivo a territorio estadounidense, realizado a bordo de una aeronave privada en compañía de Joaquín Guzmán López, desencadenó un quiebre en la correlación de fuerzas de la delincuencia organizada en el noroeste de México.
El posterior conflicto abierto entre las facciones internas del Cártel de Sinaloa derivó en una severa crisis de seguridad en la región, caracterizada por enfrentamientos armados y un incremento substancial de la violencia.
Ante este panorama, la posición del Estado mexicano apunta tanto a esclarecer el procedimiento que hizo posible la detención del capo fuera de las fronteras nacionales como a fundamentar la legitimidad del reclamo sobre los bienes asegurados.
Aunque aún resta definir la estrategia procedimental ante las instancias correspondientes, el caso perfila un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de procuración de justicia, cooperación trasnacional y gestión de activos procedentes del narcotráfico.
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