La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que no existen elementos probatorios que vinculen directamente a Miguel Ángel Osorio Chong, responsable de la política interna durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la desviación de 65 millones de dólares pertenecientes a la extinta Policía Federal.
Durante la habitual conferencia matutina realizada en el Palacio Ejecutivo, Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, puntualizó el mecanismo bajo el cual se integran los expedientes judiciales: la fundamentación con evidencias documentales con firma calígrafa de los funcionarios implicados.
Bajo este criterio, la funcionaria argumentó que no hay firmas ni registros oficiales que acrediten la participación directa del exsecretario en la gestión de dichos fondos.
Para detallar la distancia administrativa entre el funcionario y los hechos investigados, la titular de Buen Gobierno expuso la estructura jerárquica de la época.
Explicó que la cadena de mando colocaba al titular de la Secretaría de Gobernación entre seis y siete niveles por encima del área donde ocurrieron las irregularidades, habiendo de por medio dependencias como el órgano desconcentrado de seguridad pública, la propia jefatura de la Policía Federal y las áreas operativas e inteligencia.
Sanciones administrativas y procesos penales en marcha
El origen del expediente se remonta a diciembre de 2015, fecha en la que se destinaron recursos del erario para saldar los compromisos financieros de un contrato de servicios contratado con la firma Rafael Advanced Defense System LTD.
Sin embargo, los montos monetarios no llegaron a las cuentas del proveedor.
Por estos hechos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictaminó sanciones contra dos exintegrantes de la corporación policial el pasado 19 de mayo.
La resolución administrativa establece inhabilitaciones de hasta dos décadas para desempeñarse en la función pública, acompañadas de la obligación económica de restituir una suma equivalente a los 65 millones de dólares desviados.
La Secretaría Anticorrupción aclaró que la vía administrativa no agota el procedimiento legal.
El expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), donde permanece abierta una carpeta de investigación en materia penal que determinará la eventual presentación de cargos formales contra las personas involucradas.
Estas acciones forman parte de la fiscalización a los esquemas financieros aplicados en la corporación, organismo que cesó sus funciones tras la instauración de la Guardia Nacional.
Finalmente, la autoridad federal reiteró la vigencia del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas para reportar posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
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Con información de Infobae.