El exgobernador de Chihuahua, César “N”, fue reingresado al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya, en el Estado de México por la noche del 8 de diciembre.
Su traslado, resguardado por autoridades federales, es en apego a una investigación que se ha extendido por casi una década y que involucra lavado de dinero, desvío multimillonario de recursos estatales y uso irregular del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el político priista fue recapturado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, una acusación que se suma a procesos previos por peculado y asociación delictuosa.
La nueva orden de aprehensión había sido emitida desde el 16 de mayo de 2024 por un Juez de Control federal en Almoloya de Juárez, y la tarde del lunes finalmente fue ejecutada: a las 14:43 horas, agentes federales detuvieron al exmandatario en la Lateral Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en Chihuahua capital, según el Registro Nacional de Detenciones.
Este martes 9 de diciembre, César “N” será presentado ante un juez para una audiencia de imputación que podría redefinir su futuro legal.
Un proceso judicial y una década de señalamientos
La trayectoria legal del exgobernador ha sido una montaña rusa. Gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 y al finalizar su mandato viajó a Estados Unidos para recibir atención médica después de un accidente en helicóptero. Sin embargo, su estancia en Miami terminó abruptamente el 8 de julio de 2020, cuando fue detenido por autoridades estadounidenses.
Dos años después, el 2 de junio de 2022, fue extraditado a México a petición de la Fiscalía de Chihuahua. Desde entonces, su caso se dividió en varias líneas judiciales que continúan abiertas.
En 2024, tras un prolongado litigio, una jueza ordenó modificar sus medidas cautelares debido a que se había excedido el tiempo máximo de prisión preventiva. Mientras se recuperaba de una cirugía cardiaca, obtuvo libertad condicional bajo arraigo domiciliario y fue obligado a portar un brazalete electrónico.
Hoy, sin embargo, esa condición cambió con su nuevo traslado a Almoloya.
Su abogado, Juan Carlos Mendoza, aseguró que revisa el expediente y declaró que "todo parece fuera de derecho", colocando de nuevo el elemento político en el discurso de defensa.
Esquema financiero para ocultar dinero público
La FGR sostiene que César “N”, como servidor público, tuvo participación en un esquema de lavado de dinero que utilizó el Sistema Financiero Mexicano para ocultar recursos desviados de las arcas estatales.
El señalamiento coincide con investigaciones previas abiertas en Chihuahua, donde se documentaron desvíos millonarios, manejo opaco de fideicomisos y uso de empresas ligadas a familiares para mover recursos públicos.
Desvíos, fideicomisos y un banco creado con recursos estatales
Las acusaciones contra el exgobernador no comenzaron con su arresto. Desde 2014, investigaciones periodísticas revelaron que él y su esposa constituyeron un fideicomiso privado de 65 millones de pesos, el cual después evolucionó en una estructura financiera más compleja.
Sociedades financieras y uniones de crédito se fusionaron con ese fideicomiso y dieron origen al Banco Progreso Chihuahua, donde ambos figuraban como socios. A esta institución se le habrían inyectado hasta 80 mil millones de pesos en recursos públicos, según documentos oficiales.
Cuando se le cuestionó por estos movimientos, César “N” minimizó los señalamientos con una respuesta que quedó grabada:
"¿Sabe cuántos documentos firmó al día? ¿Se imagina? Claro, por supuesto, a lo macho que no lo leí.”
Además, investigaciones locales y federales indican que el exmandatario entregó contratos por casi 500 millones de pesos a una empresa creada por el sobrino de su esposa, Jaime Agustín Fong Ríos, lo que fortaleció las acusaciones de enriquecimiento inexplicable.
Ranchos, presas ilegales y uso del agua en Balleza
Otro de los puntos más polémicos surgió en 2010, cuando César “N” comenzó a adquirir extensos ranchos en el municipio de Balleza, tanto a su nombre como al de familiares.
En uno de ellos, el rancho “El Saucito”, se construyeron presas donde almacenó millones de metros cúbicos de agua sin permisos de la Conagua, afectando a comunidades locales que enfrentaron escasez del recurso en una zona árida.
Con el exgobernador nuevamente en prisión, la audiencia de imputación definirá si enfrenta su proceso en reclusión y cómo avanzará la causa penal por lavado de dinero. Paralelamente, continúan abiertos los expedientes por peculado y asociación delictuosa.
Por ahora, el caso de César “N” vuelve a colocarse entre los más relevantes del país, no sólo por la magnitud de los recursos involucrados, sino porque representa uno de los ejemplos más emblemáticos de presunta corrupción política en Chihuahua y en México durante la última década.
Con información de Excélsior