El marco legal recién presentado establece de igual forma que los concesionarios deben abstenerse de difundir información que pueda resultar engañosa, descontextualizada o presentarse fuera de su marco temporal originario.
Para operacionalizar estos principios, se estipula la adopción obligatoria de un código de ética institucional por parte de los concesionarios, la instauración de mecanismos transparentes para la atención de quejas y la designación de personas defensoras de las audiencias.
A pesar de que las autoridades defienden la reforma bajo la premisa de resguardar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y oportuna, diversos analistas, periodistas y representantes de la oposición sostienen sus reservas sobre las posibles implicaciones operativas y la delimitación del alcance que estos criterios regulatorios impondrán a la labor periodística diaria.
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Con información de Infobae