Una directiva de confidencialidad sin precedentes regulará el tratamiento y acceso al material probatorio en el proceso penal entablado en la justicia estadounidense contra
Nicolás Maduro
.
La determinación, dictada este martes por el juez de distrito
Alvin K. Hellerstein
, dictamina que la representación legal del imputado y los propios querellados tienen estrictamente prohibido difundir públicamente, filtrar a la prensa o publicar en plataformas digitales cualquier evidencia remitida por los fiscales.
La disposición judicial clasifica la masa probatoria en diversos apartados atendiendo a la sensibilidad y al impacto potencial sobre investigaciones activas, la privacidad de terceros no acusados o el desarrollo imparcial del litigio.
Asimismo, se contempla la entrega de elementos de impugnación y material exculpatorio, aceptando el riesgo colateral que esto podría implicar para personas ajenas al expediente.
Custodia estricta de soportes electrónicos y dispositivos decomisados
Dentro de los elementos bajo investigación destaca un importante volumen de archivos informáticos extraídos de teléfonos móviles, computadoras y otros equipos tecnológicos pertenecientes al exmandatario venezolano y a su cónyuge,
Cilia Flores
, incautados judicialmente durante las indagatorias iniciales.
A partir del consenso alcanzado por las partes involucradas, el tribunal instruyó que todo este volumen digital sea catalogado como "APO" (Attorney's Possession Only / Solo para Posesión de Abogados). Esta designación restringe la conservación directa de los archivos exclusivamente al equipo jurídico y a sus asistentes directos.
En consecuencia, ni el exdirigente ni Flores mantendrán la tenencia de los documentos, teniendo permitido su examen únicamente en presencia y supervisión de sus defensores. Dicho marco normativo conservará su vigencia aun tras la conclusión definitiva de la causa penal.
Ambos procesados permanecen recluidos en una prisión de
Nueva York
desde su detención efectuada el pasado 3 de enero por efectivos norteamericanos en la ciudad de Caracas.
Estrategia defensiva: reclamo de inmunidad y solicitud de sobreseimiento
En paralelo, la estrategia legal de la defensa dio un giro el 3 de septiembre al solicitar la cancelación total del proceso penal. Mediante dos recursos formales introducidos por el letrado
Barry Pollack
ante los tribunales neoyorquinos, se argumentó que el acusado goza de inmunidad soberana de la conducta y de su estatus como "jefe de Estado de facto", sosteniendo que las acciones señaladas en el pliego de cargos constituyen actuaciones inherentes a la soberanía estatal que escapan a la jurisdicción de los Estados Unidos. Por ello, exigió el desestimulo definitivo de la causa bajo la condición "con perjuicio".
Como alternativa secundaria en caso de desestimarse la inmunidad total, la defensa solicitó anular el cargo por conspiración para cometer narcoterrorismo.
Pollack aseveró que dicha acusación pretende perseguir a un ciudadano de otro país por hechos desarrollados fuera del territorio estadounidense, aduciendo que la imputación carece de sustento al no demostrar la intención deliberada de menoscabar la seguridad o a los ciudadanos estadounidenses, sobrepasando los límites legislativos del Congreso.
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Con información de Infobae.