Ciudad de México.- Una red de huachicol fiscal, presuntamente encabezada por los hermanos vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y contralmirante Fernando Farías, habría operado en distintas aduanas marítimas del país con capacidad para movilizar hasta 300 pipas de diésel ilegal en lapsos de una hora, según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la audiencia en la que fueron vinculados a proceso 10 elementos de la Marina, la FGR señaló que la estructura delictiva, conocida como Los Primos, estuvo conformada por funcionarios, agentes aduanales y empresarios, y habría operado desde 2023 en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
De acuerdo con la indagatoria, la red consiguió cerrar por lapsos de hasta una hora la aduana de Tampico para descargar combustible, además de evadir impuestos mediante el registro de aditivos en lugar de hidrocarburos.
Entre marzo de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron al menos 31 buques utilizados en estas operaciones.
Control de aduanas y corrupción
El expediente FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0000568/2024 detalla que el grupo buscaba colocar a personal afín en puestos estratégicos dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Testimonios de colaboradores señalan que los marinos recibían “apoyos” económicos y sobres con dinero para facilitar el ingreso del combustible.
Uno de los testigos, identificado como Santo, relató que al asumir la dirección de la Aduana de Tampico en 2023 fue contactado por integrantes de la red, quienes le ofrecieron respaldo y le entregaron 200 mil pesos en efectivo para gastos internos.
Operación sistemática
La FGR asegura que la organización contaba con el poder económico suficiente para cooptar a funcionarios y empresarios, permitiendo que buques con diésel fueran descargados sin supervisión real. Aunque se registraban como aditivos, en realidad se trataba de combustible automotriz destinado a distribución ilegal.
Procesos judiciales
Los 10 marinos enfrentan cargos por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos. El juez otorgó seis meses de investigación complementaria, periodo que deberán cumplir en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Uno de los imputados, identificado como Humberto “N”, solicitó su traslado a una prisión militar tras denunciar actos de amedrentamiento en dicho centro penitenciario, lo que ya es investigado por la FGR.
Con información de Milenio