El Fuerte, Sinaloa.– La voz del Pueblo Mayo-Yoreme de Sinaloa se incorporó al proceso nacional que impulsa el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para elaborar la primera Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mediante una Asamblea Regional celebrada en el municipio de El Fuerte.
El encuentro forma parte de las cerca de 50 asambleas regionales que el INPI ha desarrollado en distintas partes del país como parte de la consulta previa, libre e informada para integrar esta propuesta legislativa.
En territorio sinaloense, autoridades tradicionales, representantes de comunidades indígenas y servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno participaron en un espacio de diálogo destinado a conocer de manera directa las necesidades, propuestas e inquietudes de las comunidades Mayo-Yoreme.
Los trabajos contaron con la participación de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), en representación del Gobierno del Estado.
Su titular, Francisco Javier Barrón Aguayo, señaló que el contenido de la nueva legislación debe construirse a partir de las experiencias y necesidades expresadas por las propias comunidades.
“Hoy participamos en un ejercicio que refleja una nueva forma de construir el país, escuchando a la gente, dialogando, tomando decisiones juntos, con quienes conocen de primera mano la realidad de sus comunidades. Es el verdadero sentido de esta consulta previa, libre e informada, no se trata solamente de hacer una propuesta de Ley, se trata de abrir un espacio para que los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, participen, expresen sus ideas y contribuyan a un marco jurídico que reconozca sus derechos”, aseveró.
Entre los asuntos revisados durante la Asamblea Regional estuvieron los principios y derechos que contempla la iniciativa, entre ellos el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, además de la libre determinación, autonomía, igualdad, interculturalidad, no discriminación, consulta y pluralismo jurídico.
La discusión también incluyó la protección del territorio, el patrimonio cultural y las lenguas, así como los sistemas normativos y las distintas formas de gobierno.
A ello se sumaron planteamientos relacionados con infraestructura, vivienda, servicios y acciones encaminadas al desarrollo integral de los pueblos originarios.
Otro de los componentes de la propuesta legislativa corresponde al fortalecimiento de los derechos de mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
De igual manera, se contemplan mecanismos orientados a asegurar que la participación en las decisiones que les conciernen sea libre, informada y culturalmente adecuada.
Para Barrón Aguayo, el desarrollo de esta consulta refleja una modificación en la manera de diseñar políticas públicas y normas dirigidas a los pueblos originarios, al colocar el diálogo y la participación como elementos centrales del proceso.
“Durante muchos años, las decisiones de los Pueblos Indígenas se tomaban sin escuchar suficientes voces, Hoy es momento distinto, hoy entendemos que las mejores leyes nacen del diálogo, del respeto y de la participación…”, externó el titular de SEBIDES.
El funcionario reiteró además que el Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, mantendrá su acompañamiento a este ejercicio bajo principios de apertura, diálogo y absoluto respeto hacia los pueblos originarios.
En la Asamblea Regional estuvieron presentes Silvina Valenzuela Valenzuela, gobernadora tradicional de la comunidad Mayo-Yoreme de La Florida, Ahome; Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira; Carlos Treviño, consultor jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; Eduardo Rodríguez, director general de Participación y Consultas de la Secretaría de Gobernación; Nelson Vázquez Merino, director de Participación y Consultas del INPI; Maximino Muñoz, director de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la SCJN; la senadora Ana Francis Chiquete; Gildardo Leyva, alcalde de El Fuerte, además de representantes de comunidades y autoridades pertenecientes a los diferentes órdenes de gobierno.
El ejercicio realizado en El Fuerte representa para el Pueblo Mayo-Yoreme la posibilidad de incorporar sus planteamientos directamente al proceso de elaboración de la legislación.
De esta manera, el encuentro se plantea como un espacio de diálogo, respeto y participación de los propios pueblos para que su voz pueda quedar reflejada en la nueva ley.
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