La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó postura este miércoles durante su tradicional encuentro con la prensa respecto a la continuidad de los familiares de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), dentro de la administración pública.
A raíz de la dimisión de Luis Rogelio Piñeda Taddei al tren de gobierno sonorense —movimiento precipitado por la inmovilización de cuentas bancarias ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera contra personas vinculadas a la exfuncionaria—, la mandataria subrayó que la permanencia en estos puestos debe valorarse con base en indicios de participación en indagatorias y no por vínculos consanguíneos.
Ante los cuestionamientos formulados desde el atril presidencial en
La Mañanera
, la jefa de Estado fue enfática al señalar que pertenecer al círculo familiar de alguien investigado no prejuzga culpabilidad, por lo que cada expediente requiere un análisis particularizado.
Diversos medios informativos documentaron previamente que Piñeda Taddei integraba la relación de sujetos con restricciones financieras en el sistema bancario nacional, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público delimitó la medida cautelar a un paquete de cuarenta cuentas y razones sociales asociadas con proveedores de organismos electorales.
No obstante, el caso no se limita a un único integrante de la familia. Los reportes periodísticos apuntan a otros descendientes de la expresidenta del órgano electoral que han desempeñado funciones gubernamentales.
Tal es el caso de Jorge Francisco Piñeda Taddei —quien figuró en un registro audiovisual difundido por Latinus departiendo en un establecimiento hotelero parisino junto a Hernández Casillas—, cuyas percepciones económicas en el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora oscilaban por debajo de los 20,000 pesos mensuales, una cifra distante de los elevados costos por noche reportados en el hospedaje europeo.
Paralelamente, se documentó la trayectoria de León Fernando Piñeda, quien fungió como secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora entre 2018 y 2021 percibiendo un sueldo neto mensual de 10,091 pesos, para posteriormente integrarse como director de área en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde sus emolumentos ascendieron a 51,851 pesos netos más compensaciones adicionales.
Informes de Grupo Multimedios vinculan a la propia Guadalupe Taddei con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios señalados por la adjudicación de contratos valuados en más de 2,500 millones de pesos en el aparato electoral.