Proteger la dignidad estudiantil y castigar las agresiones cometidas en el ámbito educativo son los ejes centrales de una modificación legal avalada de manera unánime por el
Senado de la República,
cuyo objetivo es prevenir, atender y sancionar la violencia docente contra las mujeres, además de erradicar el acoso sexual en los planteles del país.
A través de un comunicado, la cámara alta informó que el dictamen reforma distintos apartados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, turnándose ya a la Cámara de Diputados para los trámites constitucionales correspondientes.
La aprobación legislativa ocurre en un contexto marcado por las cifras hospitalarias documentadas por la
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
, según las cuales 223 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 17 años recibieron atención hospitalaria en 2025 tras sufrir ataques sexuales dentro de centros escolares.
Ese total representó una disminución del 8.6% frente a los 244 ingresos reportados en 2024, pero equivale a un repunte del 961.9% en comparación con los 21 casos registrados en 2010. Asimismo, la cifra de 2025 se ubicó como la cuarta más elevada de toda la serie histórica y superó el promedio anual de 111.3 incidentes contabilizado entre 2010 y 2025.
De acuerdo con los registros clínicos analizados en 2025, casi la mitad de las víctimas atendidas en hospitales —el 49.8%— tenía entre 12 y 17 años; el 27.8% se ubicó en el rango de 6 a 11 años; y el 22.4% correspondió a la primera infancia, de 1 a 5 años.
Entre los casos documentados figuraron tres personas indígenas y cinco con discapacidad, mientras que la concentración geográfica se dio principalmente en el Estado de México con 14.8%, Chihuahua con 12.1% y Veracruz con 9.4%, tres estados que en conjunto reunieron una tercera parte de los ingresos a nivel nacional.
Las evaluaciones médicas posteriores a estas agresiones escolares en 2025 reflejaron malestar emocional en 44.3% de las mujeres y en 44.7% de los hombres, en tanto que la ansiedad o el estrés postraumático se presentaron en 15.3% de las alumnas y en 25.5% de los alumnos.
Los reportes también asentaron alteraciones en el estado de ánimo en 8% de las pacientes frente a 2.1% de los varones, depresión en 5.1% de ellas, laceraciones en 5.1% de las mujeres y 6.4% de los hombres, infecciones de transmisión sexual en 2.8% de las víctimas femeninas, embarazos en 1.1% de las estudiantes, contusiones en 1.1% de ellas y 6.4% de ellos, heridas en 0.6% de las mujeres y trastornos psiquiátricos en 2.1% de los varones.
En cuanto a quiénes cometieron las agresiones sexuales en las escuelas durante 2025, los datos señalan que personas conocidas del entorno educativo —como docentes, compañeros u otros individuos cercanos— participaron en el 59.7% de los ataques contra mujeres y en el 53.2% de los registrados contra hombres, mientras que personas desconocidas estuvieron detrás del 17.6% de los casos contra alumnas y del 19.1% contra alumnos.
A ello se suma el panorama más amplio de la Encuesta Nacional sobre Discriminación del Inegi, que reportó que 3.3 millones de estudiantes de 12 a 17 años experimentaron acoso escolar durante un periodo de 12 meses, lo que corresponde al 28% de los 11.7 millones de adolescentes matriculados en escuelas del país en 2022.
El contenido del dictamen aprobado define como violencia docente cualquier agresión ocurrida al interior de las instituciones educativas o surgida a partir de un vínculo académico. De igual modo, dispone que los 32 gobiernos estatales impulsen y difundan entre la población que el hostigamiento y el acoso sexual constituyen formas de violencia y delitos, susceptibles de derivar en despido laboral o responsabilidades administrativas.
La reforma también impone a las autoridades el deber de incorporar criterios de perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad para salvaguardar la dignidad de niñas, adolescentes y mujeres en todos los ámbitos sociales.
Paralelamente, obliga a las instituciones a proteger la identidad y los datos personales de quienes denuncian, con el fin de evitar la revictimización, la creación de listas negras o presiones dirigidas a provocar el abandono escolar o la renuncia laboral, y ordena que la política nacional promueva la igualdad sustantiva en los espacios familiar, laboral, político, económico, cultural, de salud y de cuidados, eliminando los estereotipos sexistas.
Durante el debate, la morenista Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó que estos cambios consolidan veinte años de labor legislativa y advirtió que los centros educativos suelen ser escenarios de acoso, hostigamiento sexual e intercambio de favores, motivo por el cual se amplía el concepto de violencia docente para permitir una actuación directa.
Por su parte, Francisco Chíguil Figueroa, al frente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, subrayó la necesidad de dotar a las dependencias de mecanismos claros y accesibles para prevenir, detectar y atender a tiempo las agresiones por motivos de género.
Otras voces del pleno coincidieron en el alcance de la medida: Virginia Magaña Fonseca, legisladora del PVEM, sostuvo que integrar formalmente la perspectiva de género, la interculturalidad y la interseccionalidad en los programas institucionales asegura respuestas completas ante los abusos; Paloma Sánchez Ramos, senadora del PRI, señaló que el Estado queda obligado a remover las barreras históricas, sociales y culturales que han afectado a las mujeres; y Amalia García Medina, de Movimiento Ciudadano, expuso que el enfoque interseccional visibiliza que la discriminación no responde únicamente al género, sino a la interacción de factores como la edad, la clase social, el origen étnico y la orientación sexual.
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Con información de Infobae.