Ciudad de México.- La senadora con licencia del partido Morena, Julieta Ramírez, salió al paso de las versiones mediáticas que la vinculan con una indagatoria federal en Estados Unidos.
La legisladora desestimó de forma contundente la existencia de algún proffer agreement —o pacto preliminar de cooperación— con el Departamento de Justicia estadounidense, asegurando que jamás ha mantenido acercamientos ni orales ni por escrito con autoridades del país vecino, ni enfrenta procedimientos judiciales en ninguna de las dos naciones.
El pronunciamiento se da en respuesta a una serie de entregas difundidas los días 7 y 8 de septiembre por la plataforma N+ Focus de Televisa, bajo la autoría de los periodistas Luis Villegas y Alejandra Barriguete.
Dicho trabajo de investigación afirmó que la aspirante a la gubernatura de Baja California habría rubricado un documento ante la fiscalía federal con sede en San Diego.
Este mecanismo legal permite brindar datos sobre hechos delictivos a cambio de que la información declarada no sea empleada procesalmente en contra del promovente.
Frente a estas revelaciones, Ramírez reaccionó inicialmente en plataformas digitales mediante publicaciones irónicas sobre la veracidad del material exhibido, cuestionando incluso su formato gráfico.
Sin embargo, en un mensaje en video difundido posteriormente, la política morenista calificó el reportaje como una falsedad absoluta enmarcada dentro de una campaña de desprestigio dirigida no solo a su trayectoria personal, sino a todo el proyecto político oficialista.
Paralelamente, cuestionó la ética de los medios y analistas que difundieron los seudo-documentos sin la debida verificación de su autenticidad.
La controversia escaló al plano institucional, recibiendo Ramírez el respaldo directo de figuras clave de su movimiento. La dirigencia nacional de Morena, a través de Ariadna Montiel, descartó los señalamientos al considerarlos una maniobra de la oposición, destacando el desempeño y la seriedad de la senadora.
En el ámbito parlamentario, el coordinador en el Senado, Ignacio Mier Velazco, tachó de farsa las imputaciones y las alineó con otros ataques recibidos por compañeros de bancada como Enrique Inzunza Cázarez y Adán Augusto López Hernández, descartando cualquier repercusión negativa en la estabilidad económica del país.
Este episodio se suma a disputas anteriores respecto a su estatus migratorio. A principios de año, la legisladora calificó como rumores infundados los reportes sobre la supuesta pérdida de su visa estadounidense.
Aunque periodistas locales y medios internacionales como The New York Times han mencionado indagatorias o retiro de visados a figuras del partido gobernante por presuntas colaboraciones con agencias como la DEA —caso que salpicó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y a su exesposo Carlos Torres Torres—, Ramírez terminó por exhibir su visado en un evento público el pasado agosto, sosteniendo desde entonces su negativa a someterse a presiones mediáticas.
Con el compromiso de mantenerse leal a la soberanía nacional, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los habitantes de Baja California, Ramírez cerró su posicionamiento reafirmando su pertenencia al proyecto de la Transformación.
Con información de Infobae.