Culiacán, Sinaloa.- La representante del colectivo de policías jubilados “Guerreros Azules”, Yesenia Rojo Carrizosa, informó que este miércoles se prevé la liberación de las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), luego de la intervención del Gobierno del Estado, que se comprometió a atender sus demandas.
La activista señaló que la toma del edificio, iniciada el pasado lunes, tuvo como objetivo exigir la emisión de recomendaciones relacionadas con policías jubilados y activos, mismas que, aseguró, fueron solicitadas desde marzo del año pasado sin respuesta suficiente.
“Significa decirle al poder que las instituciones públicas son nuestras, este edificio es de la sociedad”, expresó Rojo Carrizosa, al referirse a la protesta que encabezaron al interior del organismo.
Indicó que, aunque la CEDH emitió algunas recomendaciones hacia elementos, tal como lo habían pedido por parte de su colectivo, estas solo beneficiaron a un número reducido de elementos, lo que derivó en la manifestación y posterior toma de las instalaciones.
Asimismo, acusó al presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, de negarse al diálogo y, por el contrario, emprender acciones legales en su contra. Detalló que incluso ya había interpuesto una denuncia por amenazas en abril del año pasado, y recientemente fue notificada de otra por el delito de “motín”.
Relató que el lunes acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado para notificarle dicha denuncia, lo que le generó temor de ser detenida. No obstante, aseguró que no les preocupa el proceso legal iniciado en su contra. “No nos preocupa la denuncia que interpuso Loza”, sostuvo.
Rojo Carrizosa consideró que estas acciones representan una criminalización de su lucha y generan un sentimiento de desprotección, al acusar que el titular del organismo utiliza recursos institucionales en su contra. Además, cuestionó el desempeño de la CEDH, al señalar que presenta bajos niveles en la emisión de recomendaciones en comparación con años anteriores.
También rechazó que durante la protesta se hayan vulnerado las funciones del organismo, al asegurar que no se impidió la atención a la ciudadanía y que únicamente hicieron uso de la sala de usos múltiples, sin afectar equipos de cómputo u otras áreas.
Finalmente, indicó que la decisión de retirarse se tomó tras recibir una llamada de una funcionaria estatal, por instrucción del gobernador, en la que se les garantizó la atención a sus demandas.
“Al final eso era lo que yo quería, lo estuve pidiendo públicamente y otra vez le agradezco al gobernador, quien metió las manos para solucionarlo”, expresó
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