Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Viernes 20
Por:
Redacción el
19 de marzo de 2026
Destapes sin calendario
Aunque en el calendario oficial todavía falte más de un año, en la política real los tiempos ya cambiaron. El 2027 dejó de ser futuro y empezó a jugarse en presente. Y eso se nota: los nombres comienzan a salir, los perfiles se acomodan y los partidos empiezan a enseñar —aunque sea de forma parcial— sus cartas. Morena, como partido en el poder, mantiene su estilo: no hay destapes formales, pero sí señales claras. Los nombres están ahí, circulan en encuestas, en pasillos y en lecturas políticas. No hay prisa… pero tampoco vacío. Del otro lado, la oposición entendió que no puede llegar tarde otra vez. PAN, PRI y aliados ya empezaron a mover piezas, a posicionar perfiles y a medir terreno. Algunos con más estructura, otros con más intención, pero todos con el mismo objetivo: no quedarse fuera de la conversación. Porque en este tipo de procesos hay una regla no escrita: quien no suena, no existe. Y hoy, más que definiciones, lo que estamos viendo es una carrera por visibilidad. Todavía no son campañas, pero tampoco es política en pausa. Es la etapa donde se construyen percepciones, se prueban nombres y se calibran fuerzas. Donde cada mención cuenta y cada silencio también pesa. Lo cierto es que la contienda ya arrancó, aunque nadie lo diga oficialmente. Y en ese arranque, hay algo evidente: nadie quiere llegar tarde al 2027.
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Error ecológico… y político
Lo de Mocorito no es solo un “error ecológico”, como intentaron bautizarlo; es, en realidad, un retrato completo de cómo opera el manual del poder cuando algo sale mal. Sí, las lechitas venían en mal estado —infladas, con olor fétido— y sí, se tomó la decisión correcta de no distribuirlas a los niños. Hasta ahí, el fondo es defendible. El problema no fue qué se hizo, sino cómo se hizo… y cómo se explicó después. Porque si hubo autorización para desechar el producto, si hubo evidencia y protocolo, entonces alguien falló en lo más básico: ejecutar correctamente. Tirarlas al basurero sin destruir los envases no solo es un descuido administrativo, es una torpeza que inevitablemente iba a terminar en escándalo público. Y así fue. Pero lo que verdaderamente agrava el caso no es el error técnico, sino la reacción política. Primero, el deslinde: la culpa es del personal. Luego, el recurso clásico: “esto es guerra sucia”. Y finalmente, lo más delicado, el tono. Porque cuando una funcionaria pierde la forma y descalifica a un regidor con insultos, deja de defender una postura y pasa a exhibir un estilo. Aquí hay una verdad incómoda: en el servicio público la responsabilidad no se delega, se asume. No importa si la falla fue operativa, el costo es institucional. Y cuando ese costo se intenta repartir hacia abajo, lo que se pierde arriba es credibilidad. Al final, la decisión quedará en manos del alcalde. Pero más allá de nombres, lo que está en juego es el mensaje: si los errores se corrigen o se justifican, si la responsabilidad se ejerce… o también se tira al basurero.
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Coordinación que construye
En medio de tantos desencuentros que suelen marcar la relación entre universidades públicas y gobiernos, lo que hoy ocurre con la Universidad Autónoma de Sinaloa merece decirse como es: hay coordinación, hay comunicación… y hay resultados. La inauguración de la Facultad de Medicina en Guasave no es menor. Son más de 51 millones de pesos invertidos en infraestructura real, en aulas, en laboratorio, en espacios dignos para estudiantes que durante años tuvieron que arreglárselas en instalaciones prestadas. Eso, en términos concretos, se traduce en mejores condiciones de formación y en una apuesta clara por el futuro del estado. Pero más allá del edificio, el dato de fondo es otro: la relación institucional entre la UAS y el Gobierno del Estado está funcionando. Y cuando esa relación fluye, se nota. No en discursos, sino en obras. No en declaraciones, sino en proyectos que avanzan, como el anuncio de una nueva Facultad de Medicina en Los Mochis. El rector Jesús Madueña ha sido claro en algo fundamental: la universidad necesita coordinación con el gobierno para ampliar cobertura y mejorar calidad. Y en este caso, esa coordinación está dando frutos sin estridencias, sin confrontaciones innecesarias, y con un objetivo común que no debería perderse de vista: abrir más oportunidades para los jóvenes. Porque al final, más allá de cualquier lectura política, aquí hay un hecho concreto: cuando la relación institucional se construye con diálogo y propósito, quien gana no es el gobierno ni la universidad… son los universitarios.
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Focos rojos en El Fuerte
En El Fuerte el problema ya no es solo administrativo, es institucional. Cuando una funcionaria decide no atender un llamado formal de Cabildo, no está ignorando una invitación… está desatendiendo un mecanismo básico de rendición de cuentas. Y eso, en cualquier nivel de gobierno, es grave. Más aún cuando el tema no es menor: hablamos de más de 80 millones de pesos destinados a servicios médicos y de trabajadores que, según las denuncias, no están recibiendo atención. Es decir, recursos públicos por un lado… y derechos vulnerados por el otro. Aquí hay dos planos que no pueden separarse. El primero, el financiero: si hay irregularidades, deben investigarse a fondo. El segundo, el humano: la salud no es un trámite, es una obligación. Y cuando hay empleados “mendigando” atención médica, como se ha señalado, el problema ya rebasó cualquier justificación técnica. La ausencia de la Oficial Mayor ante Cabildo no solo agrava el caso, lo define. Porque cuando hay transparencia, se comparece. Cuando no la hay, se evade. Por eso el tema ya escaló, y con razón. Auditoría interna, revisión estatal y, si es necesario, intervención del Congreso. No por política, sino por responsabilidad. Porque en el servicio público hay líneas que no deberían cruzarse nunca. Y una de ellas es clara: con la salud no se juega… y con los recursos públicos tampoco.
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