Durante el transcurso de 2026, la franja limítrofe entre México y Estados Unidos ha sido escenario de más de 30 mil detecciones de
drones
bajo sospecha de ser operados por cárteles mexicanos, según informó el titular del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), Markwayne Mullin, al comparecer ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
El funcionario explicó ante los legisladores que estos aparatos comerciales se emplean tanto para labores de vigilancia como para ejecutar ofensivas contra autoridades. En su declaración precisó: “Los cárteles mexicanos continúan explotando drones disponibles comercialmente, y la CBP detectó más de 30 mil vuelos sospechosos de drones en 2026 a lo largo de la frontera suroeste.
Estas tecnologías se utilizan para vigilar a las fuerzas del orden estadounidenses e intentar el contrabando transfronterizo de drogas. Dentro de México, se han utilizado drones armados contra las autoridades mexicanas y cárteles rivales”.
Mullin también alertó sobre la evolución técnica de los dispositivos y el riesgo que ello implica para los agentes bajo su mando. “Los avances en la tecnología de drones, incluidas mejores cámaras, tiempos de vuelo más prolongados, características anti interferencias y mayores cargas útiles, probablemente aumentarán el interés de los cárteles en estos sistemas y pondrán en riesgo a nuestros agentes de las fuerzas del orden”, señaló.
El fenómeno en la frontera acumula registros previos relevantes. En julio de 2024, el entonces director ejecutivo del programa antidrones del DHS, Steven Willoughby, expuso ante el Congreso que la dependencia contabilizó
más de 27 mil aeronaves no tripuladas a menos de 500 metros de la frontera
suroeste únicamente durante la segunda mitad de aquel año.
En ese mismo mes de julio, Carl Landrum —vicepresidente de programas civiles y estrategia de Dedrone, compañía proveedora de tecnología antidrones— mencionó en una audiencia legislativa cifras de la CBP que daban cuenta de 37 mil avistamientos en los nueve meses previos.
Ataques a comunidades y grupos señalados
De acuerdo con el monitoreo de conflictos de ACLED, las agrupaciones delictivas en México comenzaron a emplear estos equipos hace cerca de una década para el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos; sin embargo, entre 2021 y el 21 de agosto de 2026 se documentó su participación en hechos violentos armados en 17 de las 32 entidades federativas.
El reporte indica que el uso bélico de estos aparatos se ha concentrado sobre todo en Guerrero, Michoacán y Sinaloa. Entre los grupos criminales que más recurren a estos sistemas para golpear a poblaciones en zonas disputadas a organizaciones rivales —y no únicamente a fuerzas de seguridad— destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y Los Viagras.
Despliegues de contención y balance oficial
Para contener la actividad de estos dispositivos en la zona limítrofe se puso en marcha la
operación antidrones “Águila Alta”
, enfocada en localizar y neutralizar los equipos. El despliegue arrancó en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, extendiéndose posteriormente a puntos como Tijuana, Baja California, y San Diego, California.
En el lado mexicano, el operativo incluyó la asignación de cerca de 800 efectivos militares dotados de sistemas antidrones fijos o móviles capaces de bloquear señales en un radio de 3 kilómetros. A este esfuerzo se sumaron, desde 2025, 10 mil integrantes de la Guardia Nacional (GN) y aproximadamente 3 mil elementos del Ejército desplegados en la frontera para tareas de vigilancia.
No obstante, el 11 de septiembre, en conferencia de prensa matutina, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Defensa), afirmó que
el operativo no había arrojado resultados en territorio mexicano
y sostuvo que tampoco se observó un repunte en el empleo de drones por parte de las organizaciones delictivas.
Posteriormente, en octubre, la Administración Federal de Aviación (FAA) decretó la restricción de vuelos no autorizados de drones en toda la franja fronteriza dentro de una estrategia para reforzar el control aéreo, que contempla además el empleo de un sistema láser de alta energía para frenar estos aparatos.
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