Culiacán, Sinaloa (Adiscusión).– El Comité de Participación Ciudadana de Sinaloa parece haber encontrado una cómoda fórmula política: exigir transparencia hacia afuera, mientras deja sin responder las preguntas que lo alcanzan hacia adentro.
El organismo encabezado por Lucía Irene Mimiaga León, que presume ser contrapeso ciudadano y vigilante del Sistema Anticorrupción, enfrenta cuestionamientos que golpean directamente su autoridad moral: la falta de claridad en un proyecto financiado con recursos internacionales y la aparente omisión de sus integrantes en la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses.
En agosto de 2025, el CPC intentó reducir a un “error humano” la falta de comunicación sobre un proyecto financiado con 26 mil dólares, pero el episodio provocó una fractura interna de alto costo: Iniciativa Sinaloa, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Sabuesos Guerreras y Tacuichamona Mx abandonaron la Red Ciudadana Anticorrupción al considerar que hubo opacidad en el manejo de ese proyecto.
No fue un asunto menor. El hecho exhibió debilidades internas precisamente en un órgano que debería ser ejemplo de rendición de cuentas, transparencia y manejo claro de información pública.
Pero el problema no termina ahí.
Tras una revisión exhaustiva, no se encontró evidencia pública de que los integrantes del CPC hayan presentado sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, a pesar de que, por la naturaleza de sus funciones y conforme al marco legal aplicable, están sujetos al régimen de responsabilidades públicas.
El artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa establece que los integrantes del Comité están sujetos al régimen de responsabilidades previsto en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado. Es decir, no se trata de ciudadanos opinando desde la banqueta: forman parte de un sistema público, reciben recursos públicos y tienen obligaciones públicas.
El CPC está integrado por Lucía Irene Mimiaga León, presidenta del comité, así como por Raquel Zapién Osuna, César Miguel Valenzuela Espinoza, Emanuel Espinoza Salcido y Carlos Corrales Díaz.
De acuerdo con el propio portal del organismo, cada integrante recibe 75 mil pesos mensuales bajo contrato de prestación de servicios profesionales, una remuneración equivalente a la de funcionarios de alto nivel del gobierno estatal.
Por eso la contradicción pesa más.
Mientras el CPC señala a municipios, dependencias y servidores públicos por falta de transparencia, sus propios integrantes no han aclarado públicamente por qué no transparentan su situación patrimonial ni sus posibles conflictos de interés.
La incongruencia no sólo erosiona la confianza ciudadana: pone en duda la legitimidad de un órgano que nació para vigilar al poder, pero que hoy parece incómodo cuando la lupa apunta hacia él.
La pregunta es inevitable: ¿con qué autoridad se exige rendición de cuentas cuando la propia casa permanece en penumbras?
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