Columnas
Columna Sin Ambages Jueves 27
Por:
Redacción el
26 de noviembre de 2025
Hostigamiento en el congreso
El caso de Alejandra Pineda explotó como una bomba en el peor momento posible para el Congreso del Estado: justo en medio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. Apenas el 20 de agosto había sido reelegida por unanimidad, con el voto de las 40 diputadas y diputados —todas las bancadas, todos de acuerdo—. Casi un acto institucional de reconocimiento. Tres meses después, esa misma institución parece querer borrarla del edificio. La denuncia de Pineda es, a estas alturas, más que un conflicto administrativo. Es un retrato incómodo de cómo se ejerce el poder “desde arriba” en el Congreso: presiones para renunciar, llamadas en tono de instrucción, advertencias veladas de inhabilitación, retención de salario y un silencio administrativo que pesa más que cualquier documento. Y lo más delicado: en medio del huracán aparecen nombres que no son menores. La presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra; la secretaria general del Congreso, Consuelo Gutiérrez; la directora administrativa y la Comisión de Fiscalización. Todas señaladas en distintos momentos como parte del cerco que, según Pineda, se le fue cerrando desde el 20 de octubre. La paradoja es brutal: una funcionaria con más de 12 años de experiencia en fiscalización acusa hostigamiento… dentro del propio Congreso que presume transparencia. Una servidora pública que fue ratificada en agosto, hoy denuncia que intentan sacarla por la vía rápida, bajo la excusa —ya desmentida por documentos entregados— de no presentar lineamientos que en realidad sí entregó siete veces. El episodio de la retención de la quincena termina por exhibir el nivel de arbitrariedad. El del bloqueo a su conferencia en la UAS lo confirma: si no renuncia, se le complica la vida. A eso, en cualquier manual de derechos laborales, se le llama represalia. La denuncia viralizó porque toca una fibra profunda: la incongruencia. No puedes hablar de combatir la violencia contra las mujeres cuando, dentro de tus oficinas, una servidora pública asegura estar siendo presionada, acosada y castigada por negarse a obedecer una instrucción que nadie se atreve a firmar. El Congreso amaneció en el ojo del huracán. Y lo peor es que, por ahora, nadie ha salido a dar la cara. Quizá porque cuando el poder se ejerce “desde arriba”, cuesta trabajo explicar quién está realmente agarrado del techo.
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“Los adelantados del 2027”
En política no hay casualidades, y menos cuando la temporada electoral todavía ni arranca. Por eso llamó la atención, la versión sobre una definición “exprés” de candidaturas de Morena para 2027 —supuestamente en junio del próximo año— y lo más llamativo que haya circulado únicamente en medios afines al diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar. No fue una filtración masiva: fue un mensaje dirigido. Se trata, en realidad, del primer gran round de una carrera que muchos ya empezaron aunque falten casi dos años para las elecciones. Que fuentes “cercanas” a Andy López Beltrán aseguren que las encuestas internas podrían adelantarse tiene un propósito clarísimo: acelerar el reloj político y forzar posicionamientos desde ahora, antes de que otros grupos terminen de acomodarse. El cálculo es obvio. Si las candidaturas más importantes se definen en junio —antes del Mundial y antes del desgaste natural de un proceso largo— quienes ya están en campaña encubierta toman ventaja. Los demás, los que todavía están construyendo estructura o esperando señales, quedarían rezagados. Adelantar definiciones es, en este contexto, una forma de mover la cancha. El otro mensaje está dirigido hacia dentro: Morena quiere evitar el caos que vivió en 2021 y llegar al último tramo del sexenio de Sheinbaum con control, unidad y suficientes meses para el famoso “operativo cicatriz”. Pero también es cierto que esta jugada abre un nuevo frente: la presión del Verde y del PT por encabezar boletas, algo que ya les provocó fracturas —como en Veracruz— y que podría repetirse si la premura se impone sobre la negociación. Por ahora, hay más ruido que certezas. Pero lo que sí es claro es esto: alguien está tratando de poner el calendario por encima de la dirigencia formal, y quienes leyó la señal ya empezó a moverse. En Morena, 2027 ya empezó… aunque oficialmente falte un rato.
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Rodolfo Jiménez, ya hizo maletas
Se va Rodolfo Jiménez. Así, sin rodeos. El subsecretario de Gobierno ya no está pensando en trámites administrativos, sino en otra clase de papeleo: el de la campaña que se viene. Y si usted creyó por un segundo que lo estaban despidiendo, amable lector, tache eso de su lista. Aquí no hay drama laboral. Aquí lo que hay es un triunfal “me voy porque quiero… y porque me hablan de más arriba”. Dicen dentro del propio edificio gubernamental que Rodolfo ya empezó a despedirse de su gente como quien deja herencia: “el que quiera irse conmigo, bienvenido”. No lo oculta, no lo disimula, no lo maquilla. Él está cerrando su oficinita para subirse al convoy político de su verdadero jefe: el senador Enrique Inzunza Cázarez. ¿Y cuál campaña es esa que lo llama con tanta urgencia? Pues nada más y nada menos que la carrera rumbo a la candidatura a gobernador. Rodolfo no se está yendo a descansar: se está enfilando a la cancha grande, a la campaña abierta que comenzará apenas arranque diciembre. Esto, por cierto, confirma algo que en Palacio de Gobierno ya todos comentan en voz bajita: Algunos “operadores” que ya no se conforman con ser subsecretarios, sino que brincan de lleno al activismo interno. Rodolfo solo fue el primero que lo dijo sin pudor, con la sinceridad que da saberse útil. Así que sí: Rodolfo se va. Pero ojo, no se va solo: se va con proyecto, con jefe y con ambición. Y en política, como en la vida, no hay señal más clara que esa.
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Libertad de expresión, con miedo
Los números no mienten, aunque a veces el discurso oficial quiera maquillarlos: más de 700 medidas de protección en un solo año para periodistas y defensores de derechos humanos en Sinaloa no hablan de un estado tranquilo, sino de un estado en tensión permanente. El Instituto de Protección confirma que desde que inició esta “guerra” —como la llaman ellos mismos— en septiembre de 2024, 172 personas han tenido que ser resguardadas con cámaras, rondines, chalecos, escoltas, y hasta atención psicológica. Setecientas quince medidas en doce meses. Es una cifra que debería encender todas las alarmas, pero que aquí ya parece parte de la rutina. Y lo más revelador: el 55% de los agresores señalados no son un fantasma abstracto. Son particulares vinculados al crimen… y servidores públicos de distintos niveles. Esa combinación explica por qué tantos periodistas trabajan hoy entre amenazas, obstrucciones, intimidaciones y, en algunos casos, ataques directos. Que 77 periodistas hayan requerido protección en un año es, por sí solo, un testimonio brutal del riesgo bajo el que se ejerce la libertad de expresión en Sinaloa. Y que 2024 y 2025 acumulen la mitad de todas las medidas otorgadas desde la creación del instituto en 2022 pinta el retrato completo: estamos viviendo los años más peligrosos para informar. La pregunta incómoda es si estas medidas realmente están protegiendo… o solo están administrando el miedo. Porque mientras la violencia siga marcando el paso, y el Estado tenga que repartir chalecos y escoltas como si fueran credenciales, la libertad de expresión seguirá siendo una actividad de alto riesgo, de esas que se ejercen mirando por encima del hombro. En Sinaloa, informar se paga caro. Y lo peor es que ya nos estamos acostumbrando.
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