Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Martes 7
Por:
Redacción el
6 de abril de 2026
La ingratitud como estrategia
En política hay errores… y hay decisiones que revelan de qué están hechos. Lo de Movimiento Ciudadano en Sinaloa es lo segundo. Porque no se trata solo de un relevo. Se trata de cómo, cuándo y contra quién se hace. Y aquí la señal es brutal: quitar a quien construyó el partido, justo cuando atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida, no es estrategia… es ingratitud política. Así, sin rodeos. Sergio Torres no llegó a administrar Movimiento Ciudadano. Lo creó en Sinaloa. Lo levantó donde no había nada. Le dio estructura, presencia en los 20 municipios y resultados electorales reales. Eso no es discurso, es operación política. Y eso —como bien lo dijo Sergio Mario Arredondo— no se improvisa, ni se minimiza desde una columna. Porque una cosa es opinar… y otra muy distinta es construir. Por eso incomoda. Porque hay quienes hablan de “renovación” sin haber armado nunca un proyecto político. Y desde esa comodidad, descalifican lo que otros tardaron años en levantar. Eso no fortalece a la oposición. La exhibe. Pero el problema para MC no está solo afuera. Está adentro. Cuando una parte de su propia estructura sale a decir “mi líder sigue siendo Sergio Torres”, lo que queda claro es que el relevo no fue orgánico. Fue impuesto. Y cuando los cambios se imponen, lo que sigue no es crecimiento… es fractura. Así de simple. Hoy quieren vender que llega alguien a “empezar algo nuevo”. Pero la realidad es otra: nadie empieza de cero donde ya hay base, donde ya hay trabajo y donde ya hay lealtades construidas. Ignorar eso es dinamitar el partido desde dentro. Movimiento Ciudadano tenía una oportunidad real de consolidarse como oposición en Sinaloa. Pero decidió otra cosa: desconocer a quien le dio identidad, estructura y rumbo. Y en política, cuando traicionas tu propia construcción… no construyes futuro. Construyes desconfianza. Y esa, a diferencia de los discursos, sí se queda.
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Tarifa nueva, deuda vieja
Nadie lo vio venir. Y quizá ese fue el primer error. En plena temporada vacacional de Semana Santa 2026, cuando la movilidad aumenta y el bolsillo se estira más de lo normal, el Gobierno del Estado autorizó el incremento de 2.50 pesos en la tarifa del transporte público en Sinaloa. El impacto fue inmediato: molestia, sorpresa… y resignación. Porque al final, el usuario no tiene margen de maniobra. La nueva tarifa quedó en 15 pesos para unidades con aire acondicionado y 13 pesos para las que no cuentan con este servicio. En contraste, los estudiantes mantienen una tarifa preferencial de 3.50 pesos, lo cual, en medio del ajuste, es un alivio que hay que reconocer. Pero el fondo del asunto no es solo el aumento… es el contexto. Durante meses, los concesionarios venían advirtiendo que los números ya no daban. El alza en combustibles, refacciones, mantenimiento y operación había rebasado cualquier margen. En ese sentido, el ajuste no solo era previsible… era inevitable. Negarlo sería irresponsable. El problema —como siempre— está en la otra cara de la moneda: el usuario. Ese que todos los días depende del camión para ir a trabajar, estudiar o moverse en la ciudad. Ese que no recibe aumento automático en su ingreso, pero sí en sus gastos. Ahí es donde el golpe se siente. Por eso la reacción fue la esperada: inconformidad. No tanto por el incremento en sí, sino por el momento y por la histórica deuda del servicio. Porque si algo arrastra el transporte público en Sinaloa no es solo un problema de tarifas… es un problema de calidad. Y ahí está la verdadera prueba. Los concesionarios han sostenido durante años que no mejoraban unidades porque “no daban los números”. Hoy, con este ajuste, ese argumento se agota. Ya no hay pretexto. Si el usuario paga más, debe recibir más. Mejores unidades. Mejor servicio. Mejores condiciones. De lo contrario, el aumento no será visto como necesario… sino como injustificado. Al final, el transporte público seguirá siendo el medio más accesible para la mayoría. Pero accesible no debe ser sinónimo de deficiente. Hoy el gobierno tomó una decisión impopular, pero probablemente inevitable. Ahora le toca al sistema —concesionarios incluidos— demostrar que valía la pena. Porque si no hay mejora… el aumento no será un ajuste. Será un abuso.
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Ayuntamientos: freno, no motor
Salvo contadas excepciones, los gobiernos municipales en Sinaloa han dejado de ser el primer contacto de solución… para convertirse en el primer obstáculo del desarrollo. Y eso ya no es percepción. Es realidad cotidiana. Los servicios públicos —la base mínima de cualquier administración— están rebasados: basura acumulada, drenajes colapsados, calles deterioradas. Lo básico no funciona. Y cuando lo básico falla, todo lo demás se vuelve discurso vacío. Pero el problema va más allá de la inercia. Hoy muchos ayuntamientos no solo son pasivos… son deficientes en su operación y, peor aún, dañinos para el crecimiento de sus propias ciudades. No hay planeación, no hay creatividad, no hay intención real de construir condiciones para el desarrollo. Administran para sobrevivir… no para avanzar. Y en lo financiero, el diagnóstico es igual de preocupante: recursos públicos consumidos en gasto corriente, nóminas infladas, estructuras burocráticas pesadas y un uso discrecional del presupuesto que deja poco o nada para inversión real. Sin proyectos. Sin indicadores. Sin rumbo. Porque lo que no se mide, no se mejora. Y hoy, mejorar no parece estar en la agenda de muchos gobiernos locales. Ahí están los casos. Municipios como Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Juan José Ríos —que tanto luchó por municipalizarse—, Angostura, Mocorito, Elota o Rosario reflejan una constante: falta de liderazgo, de visión y de ejecución. No es un tema de recursos. Es un tema de capacidad. Y eso tiene consecuencias. Porque mientras el estado intenta empujar condiciones de bienestar, los municipios —que deberían ser aliados naturales— terminan frenando el avance. Salvo excepciones como Mazatlán, Navolato, Culiacán o Badiraguato, donde sí se observan esfuerzos más consistentes, el resto arrastra inercias que pesan demasiado. Así no hay desarrollo parejo. Así no hay competitividad regional. El riesgo es claro: que el rezago municipal termine por convertirse en el verdadero cuello de botella de Sinaloa. Porque ningún estado puede avanzar… si sus municipios siguen caminando hacia atrás.
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El sindicato… en prórroga
En el magisterio sinaloense ya no se discute solo educación… se discute poder. El manifiesto que circuló —firmado por el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical— pone el dedo en una herida incómoda: dirigencias que ya vencieron su periodo legal… pero que siguen en funciones. Y no por consenso, sino por prórroga. Y ahí es donde el asunto deja de ser interno y se vuelve político. Porque extender mandatos sin convocatoria no es un tecnicismo. Es, como lo señalan, una decisión que bordea —o cruza— la ilegalidad. La Ley Federal del Trabajo es clara: los cargos sindicales no son indefinidos. Tienen inicio, tienen fin… y deben rendir cuentas. Lo demás es otra cosa. El señalamiento es directo: si ya se venció el periodo, mantenerse en el cargo es usurpación. Y si además se siguen tomando decisiones, firmando documentos y manejando recursos… el problema escala. No es menor que, incluso, se plantee el desconocimiento total de actos de las actuales dirigencias. Eso ya no es inconformidad. Es ruptura. Y en medio de todo, el SNTE queda atrapado en una contradicción que no es nueva, pero sí cada vez más visible: hablar de transformación… mientras se estiran los tiempos del poder. Porque en política —y en sindicatos también— hay una regla básica: el que controla la convocatoria, controla el juego. Y hoy, lo que está en disputa no es solo una elección interna… es la legitimidad.
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