Gestión que suma
La reunión celebrada en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y alcaldes de distintos municipios del país dejó buenas señales para Sinaloa, particularmente para Culiacán. En ese encuentro, en el que participó el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil junto con otros presidentes municipales —entre ellos la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios—, se confirmaron inversiones federales orientadas a fortalecer infraestructura educativa, deportiva y comunitaria. Más allá de la fotografía política, el dato relevante es el impacto concreto que estos acuerdos pueden tener en la capital sinaloense. Programas federales permitirán avanzar en proyectos como la construcción de un bachillerato tecnológico, nuevos espacios deportivos y un centro comunitario que integrará actividades recreativas, culturales y de atención a la salud mental, acciones que buscan atender a la juventud y fortalecer el tejido social. Este tipo de coordinación entre los tres niveles de gobierno suele pasar desapercibida en el debate cotidiano, pero es justamente ahí donde se gestan muchas de las obras que terminan beneficiando directamente a la población. Cuando los municipios logran gestionar recursos federales y traducirlos en proyectos tangibles, el impacto no se mide en discursos sino en oportunidades para las comunidades. En un momento en que Culiacán enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad y cohesión social, invertir en educación, deporte y espacios de convivencia no es un asunto menor. Son herramientas que, a largo plazo, contribuyen a construir entornos más sanos y ofrecer alternativas para las nuevas generaciones. Por eso, más allá de las diferencias políticas que siempre existirán, lo que importa es que las gestiones se traduzcan en resultados. Y si esos resultados significan más infraestructura, más espacios para la juventud y más oportunidades para Culiacán, entonces la coordinación institucional siempre será una buena noticia.
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IEES respalda a Imelda
La reciente resolución del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) sobre las quejas presentadas por el PAN y Movimiento Ciudadano contra la senadora Imelda Castro deja un mensaje claro en el terreno político: las acusaciones deben sostenerse con pruebas suficientes y con base en lo que establece la ley electoral. Tras revisar las publicaciones en redes sociales, asambleas públicas, entrevistas y otros elementos señalados en las denuncias, el Consejo General del organismo determinó que no existen elementos que acrediten actos anticipados de precampaña, promoción personalizada indebida ni uso irregular de recursos públicos por parte de la legisladora. En consecuencia, las quejas fueron declaradas improcedentes. La resolución no significa que el debate político desaparezca —ni tendría por qué hacerlo—, pero sí establece un punto importante: las diferencias entre partidos deben dirimirse dentro de los cauces institucionales y con sustento jurídico. Para eso existen precisamente los órganos electorales. En una etapa previa al proceso electoral de 2027, este tipo de decisiones también ayuda a delimitar el terreno de la contienda. La política seguirá generando señalamientos, críticas y posicionamientos, pero al final corresponde a las autoridades electorales determinar cuándo existe una falta y cuándo no. Por ahora, el IEES ha sido claro: en este caso no encontró elementos para sancionar. Y en democracia, las resoluciones de las instituciones también forman parte del equilibrio del juego político.
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Operación campaña negra
Si algo confirma la información publicada por el periodista Martín Durán en el medio La Pared Noticias es que, al menos en Sinaloa, el panismo parece empeñado en no aprender. Apenas ayer comentábamos en este espacio una muestra de ese viejo reflejo de superioridad que algunos militantes todavía exhiben en redes sociales. Hoy el asunto escala a un terreno más delicado: la presunta preparación de una campaña negra digital contra candidatos de Morena rumbo al proceso electoral de 2026–2027. Según lo relatado por el propio periodista, quien afirma haber presenciado una reunión en un café del centro de Culiacán, un grupo de simpatizantes panistas habría discutido estrategias para operar ataques sistemáticos en redes sociales. Lo más llamativo no es sólo la intención de inundar internet con memes y perfiles falsos, sino el planteamiento de reclutar estudiantes de preparatoria para ejecutar esas tareas, operando tanto campañas negativas contra adversarios como contenidos positivos para candidatos aliados. La estrategia, según lo narrado, incluso tendría reglas simples: por cada tres memes contra un morenista, uno a favor de su candidato. Un manual básico de propaganda digital que, curiosamente, fue justificado citando el documental Nada es privado sobre el caso Cambridge Analytica. El detalle que vuelve más contradictorio el episodio es que, mientras estas prácticas se comentan en círculos cercanos al panismo, la dirigencia estatal del partido mantiene una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral contra la senadora Imelda Castro por presuntos actos anticipados de campaña. Se pide piso parejo en la contienda, pero al mismo tiempo aparecen versiones de estrategias de guerra sucia digital. Porque si algo ha demostrado la política es que las campañas negras podrán generar ruido momentáneo, pero rara vez construyen confianza ciudadana. Y en democracia, la confianza —a diferencia de los memes— no se fabrica en serie.
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Ejemplo de valor sinaloense
En medio de tantas noticias que suelen pintar a Sinaloa únicamente bajo el prisma de la violencia, esta semana ocurrió un hecho que merece ser contado desde otro ángulo. Los padres del joven que se había fugado del Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán tomaron una decisión difícil, pero profundamente significativa: presentarlo ellos mismos ante las autoridades para que continuara su proceso de readaptación. No fue una decisión sencilla. Cualquier padre sabe que entregar a un hijo a la justicia implica una mezcla de dolor, responsabilidad y convicción. Pero precisamente por eso el gesto tiene un enorme valor cívico. Significa entender que la ley y la oportunidad de corregir el rumbo también forman parte del amor que se tiene por un hijo. Ese acto habla de algo que muchas veces se pierde entre titulares violentos: la gran mayoría de las familias sinaloenses siguen creyendo en la responsabilidad, en la educación y en el esfuerzo por enderezar el camino cuando algo se desvía. Son valores silenciosos que rara vez ocupan las portadas, pero que sostienen el tejido social. Si Sinaloa quiere cambiar el estigma que lo persigue desde hace años, también debe empezar por reconocer estos ejemplos. Porque no todo es violencia ni fatalismo. También hay padres que enseñan con el ejemplo que hacerse responsable de los actos es la primera puerta hacia la reinserción y hacia una sociedad más fuerte. Y quizá ahí está una de las claves para reconstruir la imagen del estado: contar más historias de valor cotidiano, de familias que eligen lo correcto incluso cuando lo correcto duele. Porque ese también es, sin duda, el verdadero rostro de Sinaloa.