El camino interno de Morena

Aunque el proceso electoral aún parece lejano, en Morena ya comenzaron a trazar la ruta interna rumbo a las definiciones del 2027. Este 7 de marzo, el Consejo Nacional de ese partido sesionará en la Ciudad de México para aprobar los lineamientos que regirán la selección de candidaturas, donde nuevamente la encuesta abierta será el mecanismo central para definir perfiles. La reunión no solo marcará las reglas del juego interno, sino también el inicio formal de la organización territorial del movimiento, con la instalación de los comités seccionales de defensa de la transformación y la definición de coordinaciones estatales, distritales y municipales que serán clave en la estructura política de los próximos años. En Sinaloa, donde la sucesión estatal inevitablemente empieza a colarse en las conversaciones políticas, no son pocos los nombres que comienzan a sonar en los corrillos: el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y la senadora Imelda Castro, tres perfiles que desde distintas trincheras se mantienen en la conversación pública. Por ahora, todos guardan prudencia —al menos en el discurso— porque la dirigencia nacional también pretende fijar reglas para evitar actos anticipados de campaña, aunque en la práctica la política suele encontrar caminos para medirse antes de tiempo. Los consejeros nacionales del partido estarán presentes en la sesión donde se discutirán los criterios y establecer la metodología de las encuestas que, llegado el momento, medirán posicionamiento y competitividad de los aspirantes. Por ahora, el mensaje es claro: los tiempos políticos empiezan a moverse, pero las reglas buscan llegar primero que las aspiraciones.

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Inclusión que transforma

La inclusión laboral dejó de ser un discurso para convertirse en una política pública que empieza a reflejar resultados concretos en Sinaloa. A través del Sistema DIF estatal, más de 570 personas con discapacidad han logrado incorporarse al mercado laboral formal durante la presente administración, una cifra que habla de un trabajo constante para abrir espacios y derribar barreras que durante años limitaron las oportunidades de este sector de la población. El esfuerzo no se queda solo en la promoción de la inclusión. Desde el Departamento de Evaluación Laboral del DIF Sinaloa se realiza un acompañamiento especializado para identificar habilidades, aptitudes y áreas de oportunidad de cada persona, facilitando su vinculación con empresas que hoy apuestan por entornos laborales más incluyentes. Iniciativas como la Feria de Vinculación UAS 2026, donde participan empresas y emprendedores que ofrecen vacantes dirigidas a este sector, reflejan una estrategia que busca convertir la inclusión en productividad y desarrollo. Más allá de los números, el impacto real está en las historias de vida que cambian cuando una persona accede a un empleo digno. En ese sentido, el DIF Sinaloa avanza en una ruta que no solo promueve la asistencia social, sino que impulsa autonomía, integración y oportunidades para quienes durante mucho tiempo estuvieron al margen del mercado laboral.

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Reconocer también es justo

En medio de un escenario complejo para la seguridad en el estado, también es justo reconocer el trabajo que realizan diariamente las corporaciones encargadas de mantener el orden, particularmente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tan solo en la última semana, los operativos coordinados del grupo interinstitucional permitieron recuperar 105 vehículos con reporte de robo, detener a 81 personas por diversos delitos y asegurar armas, municiones, explosivos y sustancias ilícitas, resultados que reflejan que, pese a las dificultades, la labor operativa continúa. La tarea no es sencilla. Quienes integran estas corporaciones salen todos los días a realizar su trabajo con riesgos evidentes, enfrentando escenarios donde muchas veces la vida misma está de por medio. Sin embargo, el esfuerzo sigue ahí, con operativos permanentes, aseguramientos y acciones que buscan contener la actividad delictiva y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía. Reconocer este trabajo no significa ignorar los desafíos que aún enfrenta la seguridad pública, pero sí entender que detrás de cada operativo hay mujeres y hombres que cumplen con una responsabilidad que pocas profesiones implican: proteger a la sociedad aun cuando el riesgo es parte cotidiana del uniforme.

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Violencia que debemos frenar

El feminicidio de Rubí Patricia, madre rastreadora en Mazatlán, no solo sacudió a Sinaloa, sino que rápidamente trascendió al plano nacional por la crudeza de los hechos y por la historia de vida de la víctima. Se trataba de una mujer que, como muchas otras madres buscadoras del país, dedicaba su tiempo y su fuerza a la búsqueda de personas desaparecidas, una causa profundamente dolorosa que ha marcado a miles de familias mexicanas. La violencia que terminó con su vida, presuntamente a manos de un joven que acudió a su domicilio bajo el argumento de cobrar una deuda, dejó un escenario brutal que hoy se encuentra documentado en la carpeta de investigación: múltiples heridas, evidencia videográfica, testimonios clave y hasta la identificación del agresor por parte de la propia hija de la víctima, una niña que presenció parte de los hechos y cuya historia refleja la dimensión humana de esta tragedia. Las autoridades lograron integrar rápidamente los elementos de prueba y avanzar en el proceso judicial contra el presunto responsable, lo que demuestra que la respuesta institucional llegó con rapidez. Sin embargo, más allá del proceso legal, este caso vuelve a poner sobre la mesa una reflexión incómoda pero necesaria: la justicia que llega después de la tragedia nunca es suficiente. La violencia que terminó con la vida de Rubí Patricia no debió ocurrir, y cuando una mujer es asesinada dentro de su propio hogar, frente a su familia, la pregunta inevitable es qué se pudo haber hecho antes para evitarlo. Más allá del castigo que eventualmente pueda recibir el responsable, el verdadero reto para las instituciones y para la sociedad es construir mecanismos de prevención más sólidos, fortalecer la protección para quienes están en situaciones de vulnerabilidad y evitar que historias como esta vuelvan a repetirse. Porque al final, cuando la violencia escala a estos niveles y termina arrebatando una vida, no hay sentencia ni proceso judicial que pueda reparar completamente el daño. La justicia es necesaria, sí, pero el objetivo de fondo siempre debería ser otro: que nunca tengamos que lamentar una tragedia que pudo haberse prevenido.