Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Viernes 29
“Entre la transparencia aplazada y los movimientos calculados… las preguntas siguen sobre la mesa”
Por:
Redacción el
29 de mayo de 2026
¿Y la transparencia?
Si todo está en orden, si los números cuadran, si los ingresos y egresos del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 fueron manejados correctamente y si no existe absolutamente nada que ocultar, entonces resulta difícil entender por qué el Cabildo decidió rechazar la comparecencia del director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte del municipio. Porque una cosa es cumplir con procedimientos internos y otra muy distinta negarse a rendir cuentas ante los representantes populares y, en consecuencia, ante la ciudadanía. La propuesta ni siquiera planteaba una auditoría extraordinaria, una sanción o un juicio político. Lo único que buscaba era que el funcionario responsable acudiera a explicar públicamente los resultados financieros, operativos y administrativos de la máxima fiesta de Mazatlán. Nada más. Algo que en cualquier gobierno que presume apertura y transparencia debería considerarse normal, incluso saludable. Por eso el problema no es la comparecencia que no ocurrió. El problema es el mensaje que deja la negativa. Porque cuando una autoridad rechaza explicar el manejo de recursos públicos, inevitablemente alimenta dudas que quizá ni siquiera existían. Y en política, pocas cosas generan más sospechas que cerrar una puerta que pudo haberse abierto sin mayor costo. Más aún cuando el Carnaval no solamente involucra recursos municipales. También existen ingresos por taquilla, patrocinios, permisos, concesiones y una importante derrama económica que durante semanas se presenta como uno de los mayores orgullos de Mazatlán. Si se presume el éxito del evento, también debería presumirse la transparencia de sus números. Los defensores de la decisión argumentan que la información ya se presenta dentro del Consejo de Administración del Instituto de Cultura y que existe una fecha programada para nuevos informes. Puede ser. Pero una comparecencia pública ante Cabildo no sustituye esos mecanismos; los fortalece. Precisamente porque permite que la información salga de una mesa administrativa y llegue al escrutinio político y ciudadano. Y aunque formalmente la votación fue del Cabildo, pocos creen que una decisión de esta naturaleza se haya tomado sin una línea política clara desde la presidencia municipal. Al final fueron once votos en contra, incluida la propia alcaldesa Estrella Palacios. Una mayoría suficientemente amplia para entender que no fue una coincidencia ni una diferencia de criterios aislada. Quizá el informe de junio despeje todas las dudas. Quizá los números confirmen que todo se hizo correctamente. Pero entonces vuelve la misma pregunta al punto de partida: si no había nada que esconder, ¿por qué impedir que se explicara públicamente desde ahora? Porque cuando la transparencia se rechaza por votación, el costo político no lo paga quien pregunta. Lo termina pagando quien decide no responder.
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Licencia… estratégica
La solicitud de licencia temporal presentada por el senador Enrique Inzunza Cázarez podrá explicarse oficialmente como una respuesta a la “embestida mediática” que, según sus propias palabras, se ha intensificado en los últimos días. Sin embargo, en política pocas decisiones ocurren en el vacío, y cuando un actor de primer nivel decide apartarse temporalmente justo en medio de una discusión pública que lo coloca en el centro de la atención, inevitablemente surgen lecturas adicionales. La licencia es breve. Apenas dos días. No modifica la correlación de fuerzas en el Senado, no altera la agenda legislativa de Morena y tampoco representa una salida definitiva de la escena pública. Pero precisamente por su duración y por el momento en que ocurre, el movimiento parece tener un objetivo mucho más práctico: evitar que el periodo extraordinario termine convertido en una extensión de la polémica política que lo rodea. Porque más allá de las posiciones a favor o en contra, resulta evidente que la presencia de Inzunza en las sesiones habría garantizado que buena parte de los reflectores se concentraran en su figura. Y cuando un partido busca sacar adelante reformas relevantes o mantener el control de la narrativa legislativa, lo último que desea es que la conversación pública se desvíe hacia un tema distinto. En ese contexto, la decisión parece más cercana a una estrategia de contención política que a un retiro de fondo. Además, el propio senador dejó claro que no se está alejando de la actividad legislativa. Seguirá participando en reuniones, deliberaciones y trabajos internos de su bancada. Es decir, se aparta temporalmente del escaparate, pero no de la operación política ni de la discusión de los temas que se encuentran sobre la mesa. La diferencia es que ahora lo hará desde una posición con mucho menos exposición pública. También llama la atención que la licencia recaiga en su suplente, Omar López Campos, actual secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado. La transición es temporal y ordenada, lo que refuerza la percepción de que no existe una crisis política interna, sino una decisión calculada para administrar el momento. Al final, la política suele premiar a quienes saben medir tiempos. Hay momentos para confrontar, momentos para responder y momentos para reducir el ruido. Y aunque cada quien tendrá su propia interpretación sobre las razones de esta licencia, lo cierto es que la decisión parece buscar exactamente eso: sacar por unos días el tema del centro del escenario, permitir que avance la agenda legislativa y evitar que la polémica siga creciendo al mismo ritmo que los reflectores. Porque en política, a veces una ausencia de 48 horas puede decir mucho más que un discurso de dos horas.
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Cambios de oficina
Si la licencia de Enrique Inzunza ya había generado sorpresa en el escenario político, la llegada de Omar López Campos al Senado terminó confirmando la velocidad con la que se están moviendo algunas piezas. Porque mientras en la Ciudad de México ya se tomaba protesta al suplente del senador sinaloense, en Culiacán todavía había funcionarios tratando de entender qué ocurría y cómo quedaría la operación de la SEBIDES. La imagen resulta interesante. Por un lado, un secretario estatal solicitando licencia sin goce de sueldo para asumir una responsabilidad legislativa federal. Por otro, integrantes de la propia dependencia enterándose prácticamente al mismo tiempo que los medios de comunicación. No se trata necesariamente de una crisis administrativa, pero sí de una muestra de cómo la dinámica política suele avanzar mucho más rápido que los procesos burocráticos. La declaración del subsecretario Francisco Javier Barrón refleja precisamente ese momento. “Me voy enterando junto con ustedes”, dijo ante los cuestionamientos sobre quién quedaría al frente de la dependencia y cómo se reorganizarían las responsabilidades internas. Una frase sencilla, pero que retrata con claridad la rapidez con la que se ejecutó la decisión. Y es que más allá de la coyuntura que originó la licencia de Inzunza, el episodio también exhibe algo común en la política mexicana: las suplencias pocas veces son figuras decorativas. En ocasiones permanecen años en segundo plano, pero basta una decisión de último momento para que pasen de una responsabilidad local a ocupar un escaño en el Senado de la República de un día para otro. Mientras tanto, Sebides tendrá que mantener la marcha. Los programas sociales, ambientales y de desarrollo comunitario no se detienen por ajustes políticos ni por movimientos legislativos. Y justamente ahí estará la prueba más importante: demostrar que las instituciones pueden seguir funcionando con normalidad aun cuando cambien temporalmente quienes encabezan las oficinas. Porque al final, las decisiones políticas suelen tomarse en cuestión de horas. Lo verdaderamente importante es que la administración pública tenga la capacidad de responder a ellas sin perder el ritmo. Y esa capacidad es la que comenzará a ponerse a prueba a partir de ahora.
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Las señales del vecino
Mientras en México continúa el debate sobre soberanía e intervención extranjera, en Centroamérica comienzan a surgir señales que vale la pena observar. La información sobre posibles operaciones conjuntas entre Guatemala y Estados Unidos contra organizaciones del narcotráfico confirma que Washington sigue avanzando en una estrategia regional cada vez más agresiva en materia de seguridad. Desde hace meses, el gobierno de Donald Trump ha colocado el combate a los cárteles como una prioridad de seguridad nacional. Bajo esa lógica, los acuerdos de cooperación con distintos países de América Latina comienzan a profundizarse y a tomar formas que hace algunos años habrían generado mucho más debate. Por eso llama la atención que este escenario coincida con la discusión en México sobre la defensa de la soberanía y la prevención de cualquier injerencia extranjera en asuntos nacionales. No son temas separados. Son dos respuestas distintas frente a una misma realidad regional. Más allá de posiciones políticas, existe un hecho evidente: la presión de Estados Unidos sobre las estructuras criminales de la región sigue creciendo. Y aunque hoy las noticias se concentren en Guatemala, resulta difícil pensar que México quedará fuera de esa conversación por su ubicación estratégica y por el papel que históricamente ha tenido dentro de las rutas del narcotráfico. En ese contexto también deben entenderse las declaraciones de Claudia Sheinbaum y las reformas impulsadas recientemente. No solamente como un debate electoral interno, sino como parte de una discusión más amplia sobre los límites de la cooperación internacional y la defensa de las decisiones nacionales. Porque al final, lo que ocurre en Washington o en Centroamérica rara vez se queda ahí. Tarde o temprano, las repercusiones terminan llegando a México.
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