Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado aprobó la minuta de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral y de austeridad, impulsada por la llamada “Plan B” de la Cuarta Transformación, en medio de críticas de la oposición, que advirtió riesgos de concentración de poder y debilitamiento institucional.
La reforma, aprobada con 32 votos a favor, 5 en contra -PRI y PAN- y tres abstenciones durante la sesión ordinaria de este jueves 9 de abril, modifica los artículos 115 y 116, y adiciona un párrafo al artículo 134 constitucional, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa y eliminar privilegios en el sector público.
Entre los puntos principales, se establece que los ayuntamientos estarán integrados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de proporcionalidad poblacional, paridad de género e igualdad sustantiva.
Asimismo, se fija un límite al presupuesto de los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, con el fin de evitar excesos y promover un uso más responsable de los recursos públicos.
La reforma también contempla restricciones a las remuneraciones de funcionarios electorales, como consejeros, magistrados y altos mandos, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los establecidos en la Constitución ni acceder a prestaciones adicionales como seguros privados o esquemas especiales de retiro financiados con recursos públicos.
Otro de los cambios relevantes es la prohibición de la reelección inmediata de diputados locales, así como la incorporación de principios de paridad de género, perspectiva de género e igualdad sustantiva en la integración de los órganos legislativos.
De acuerdo con el decreto, los recursos que se ahorren derivado de estas medidas deberán destinarse a las haciendas municipales, principalmente para obras de infraestructura pública.
POSICIONAMIENTOS
Desde la oposición, el diputado Jorge González criticó la reforma al considerar que “es un intento de concentrar el poder en unas cuantas manos”, y cuestionó que la reducción presupuestal a los congresos locales atienda problemas prioritarios como la inseguridad, la falta de medicamentos o la sequía.
En el mismo sentido, la diputada Paola Gárate advirtió que la propuesta podría abrir espacios a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, al no fortalecer -dijo- los mecanismos de legalidad ni cerrar el paso al financiamiento ilícito.
Por su parte, el diputado de Morena, Manuel Guerrero, defendió la reforma al señalar que busca poner orden en el ejercicio del poder público y eliminar privilegios.