La medida responde a la necesidad de estabilizar la economía de los productores de caña, un sector fuertemente afectado por la acumulación de inventarios en el mercado local.
Durante el último año, la reducción en los volúmenes de exportación provocó una sobreoferta interna que derivó en la caída de los precios por tonelada, impactando de manera directa el ingreso de miles de familias dedicadas al cultivo en al menos 15 entidades del país.
Para contrarrestar esta dinámica, el plan oficial proyecta que empresas dedicadas a la fabricación de refrescos, productos alimenticios e incluso alimentos para animales incorporen porcentajes definidos de insumo nacional en sus procesos de producción.
La apuesta técnica apunta a sustituir la fructosa proveniente principalmente de Estados Unidos por azúcar de caña mexicana, garantizando así un flujo de demanda constante que absorba el excedente de producción.
En el plano de las exportaciones, el sector cañero busca recuperar terreno mediante el restablecimiento de envíos hacia el mercado estadounidense, proyectando la colocación de un volumen cercano al 1.2 millones de toneladas para el siguiente ciclo agrícola.
Esta colocación externa es vista como un elemento clave para aliviar la presión sobre los inventarios domésticos y permitir una recuperación paulatina de la cotización del producto.
A la par de las negociaciones de cuotas de mercado, la política para el sector cañero contempla esquemas de apoyo complementarios orientados a la sostenibilidad de la producción.
Se prevé mantener la entrega de insumos agrícolas y fertilizantes a pequeños y medianos productores, así como el fomento de proyectos de diversificación industrial que permitan aprovechar la biomasa de la caña para la generación de etanol y energía eléctrica, reduciendo la vulnerabilidad del sector a las fluctuaciones del precio del azúcar refinada.