Para frenar las prácticas ilícitas en el sector energético, el poder ejecutivo proyecta endurecer la normativa vigente, enfocando sus esfuerzos en la comercialización de petrolíferos tras constatar que es en este eslabón donde se aglutinan las mayores anomalías operativas.
Durante su habitual conferencia matutina de este miércoles, la mandataria Claudia Sheinbaum detalló que el análisis gubernamental comprende todo el trayecto de la cadena logística, desde la importación inicial hasta la dispensación final en los expendios, con el propósito de deslindar responsabilidades que podrían traducirse en inspecciones, sanciones administrativas o procesos ante la justicia.
Como parte de las alternativas en estudio, se valora recortar la intervención de aquellos actores intermediarios que compran y revenden producto careciendo de instalaciones propias para su almacenamiento o traslado, permitiendo que los importadores pacten directamente con transportistas y demás involucrados.
Al exponer el funcionamiento del centro de monitoreo de combustibles, la titular del Ejecutivo indicó que esta plataforma tecnológica enlaza bases de datos del SAT, aduanas y permisos oficiales, registrando puntualmente el arribo de buques a puertos así como el ingreso de autotanques y ferrotanques por las fronteras terrestres.
En el plano financiero, la administración federal reportó que durante el ejercicio de 2025 se evadió el pago de aproximadamente 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). No obstante, para el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026, se han recuperado 48 mil 411 millones de pesos adicionales respecto a lo recaudado el año previo.
Radiografía de las discrepancias operativas
Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, precisó que el diagnóstico correspondiente al año pasado arrojó un desfase de 8 mil 824 millones de litros, valorado en 61 mil 700 millones de pesos. Mediante la revisión exhaustiva de facturas y contabilidades, el informe determinó que el 72% de las irregularidades se concentra en la comercialización, mientras que las estaciones de servicio agrupan el 13%, correspondiendo el porcentaje restante a los demás participantes del sector.
Para blindar la trazabilidad, el esquema de vigilancia unifica información fiscal, aduanera y operativa proveniente de 16 dependencias, empleando además sistemas de posicionamiento global (GPS) en las unidades de traslado. Adicionalmente, se mantiene un flujo coordinado de datos con la Agencia Nacional de Aduanas de México y su contraparte en Estados Unidos (CBP), lo que posibilita contrastar los volúmenes de salida en buques con el tonelaje certificado que arriba a territorio nacional.
Las indagatorias del Gabinete de Seguridad apuntan a que esta modalidad de evasión —conocida comúnmente como huachicol fiscal— recurre a empresas fachada, alteraciones en las clasificaciones aduaneras, omisión de permisos e incongruencias documentales para encubrir la entrada y venta de hidrocarburos al margen de las contribuciones fiscales correspondientes.
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