El dictamen emanado de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) responde de manera estricta al mecanismo mandatado por la Carta Magna.
Este escenario presupuestal se concreta tras la desestimación del proyecto de reforma promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciativa que buscaba reducir el gasto global en la materia, aunque mantenía la hegemonía financiera para la fuerza mayoritaria.
El marcado incremento con respecto a los 7,737.2 millones de pesos repartidos en 2026 responde a dos variables clave: la incorporación de un fondo extraordinario obligatorio para la captación del sufragio en año electoral y el crecimiento del padrón de votantes, que sumó tres millones de ciudadanos.
La operación de cálculo multiplica el 65% del valor de la Unidad de Medida de Actualización (fijada en 117.31 pesos) por la cifra de electores registrados al 31 de julio, la cual ascendió a 103.3 millones de personas.
Distribución por fuerza política
Para el desarrollo de sus actividades ordinarias y de campaña durante 2027, las partidas asignadas se distribuyen de la siguiente forma:
• Morena: 3,604,879,379.17 pesos.
• Partido Acción Nacional (PAN): 1,803,719,207.17 pesos.
• Partido Revolucionario Institucional (PRI): 1,372,658,861.17 pesos.
• Movimiento Ciudadano (MC): 1,354,671,353.17 pesos.
• Partido Verde Ecologista de México (PVEM): 1,167,166,016.17 pesos.
• Partido del Trabajo (PT): 946,466,025.17 pesos.
• Somos México: 246,644,108.17 pesos.
• Construyendo Sociedades de Paz (Paz): 246,644,108.17 pesos.
En el renglón particular del gasto ordinario, la suma alcanza los 7,879.3 millones de pesos. Las seis organizaciones tradicionales se dividen 1,564.1 millones bajo la regla del 30% equitativo y 70% según la fuerza electoral mostrada en los comicios de 2024.
Por su parte, los dos institutos debutantes reciben únicamente el 2% global, equivalente a 157.5 millones de pesos cada uno.
La pugna por la Cámara de Diputados y rubros específicos
El financiamiento dedicado exclusivamente a la obtención del voto para renovar la Cámara Baja totaliza 2,363.7 millones de pesos. En este rubro, Morena captará 805.6 millones de pesos, el PAN obtendrá 399.7 millones, mientras que el PRI y Movimiento Ciudadano se situarán en torno a los 300 millones cada uno.
El PVEM y el PT contarán con algo más de 200 millones de pesos, dejando a las nuevas franquicias políticas (Paz y Somos México) con 47 millones de pesos por cabeza para cubrir todos los distritos federales.
Adicionalmente, el árbitro electoral destinó una partida de 47.2 millones de pesos para las candidaturas independientes que logren su inscripción formal, mientras que la bolsa de actividades específicas asciende a 236.3 millones, de los cuales 80.9 millones corresponden a Morena y 8.8 millones a las nuevas fuerzas.
El único terreno donde la ley electoral asegura paridad total es en los servicios de mensajería y comunicación:
Franquicia postal: 315.1 millones de pesos en total (32.8 millones para cada partido).
Franquicia telegráfica: 693,496 pesos en total (86,687 pesos para cada partido).
Debate sobre las condiciones de equidad
Durante la sesión, el representante del partido Paz, Ernesto Guerra, cuestionó el diseño institucional al considerarlo profundamente desigual para los proyectos emergentes, enfatizando la desproporción de competir con 157 millones frente a más de 2,600 millones del bloque consolidado.
En respuesta, el consejero electoral Uuc-kib Espadas rechazó que la distribución constituya una falta de equidad, argumentando que el esquema —vigente desde 1996— premia el respaldo ciudadano que los partidos antiguos han consolidado en las urnas a lo largo de los años.
Espadas sostuvo que otorgar los mismos recursos a agrupaciones sin trayectoria electoral acreditada resultaría inadecuado, recordando que este modelo no ha impedido la alternancia política cuando las nuevas propuestas logran conectar con el electorado.
La determinación final sobre el reparto quedará en manos del Consejo General del INE, que deberá ratificar el acuerdo en estricto apego al marco constitucional.