Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral atraviesa una coyuntura logística y presupuestal determinante en el calendario democrático del país. De cara al ejercicio fiscal de 2027, el órgano autónomo proyecta un gasto total que supera los 43 mil millones de pesos, una cifra diseñada no solo para articular las comicios federales e intermedias del año entrante, sino también para prever la logística de la consulta popular y sentar las bases organizativas de la elección judicial programada para 2028.

El diseño financiero propuesto mantiene una clara separación entre los gastos operativos de la institución y los fondos extraordinarios orientados a los procesos de votación.

En el rubro ordinario, la autoridad electoral conserva un presupuesto base de aproximadamente 14 mil 36 millones de pesos, un nivel similar al asignado en el periodo previo.

Dichos recursos aseguran la continuidad administrativa del organismo, la emisión de credenciales y el mantenimiento de los módulos de atención ciudadana bajo una política explícita de contención de gasto salarial y austeridad operativa.

Por otro lado, la Cartera Institucional de Proyectos concentra el costo sustantivo de la jornada democrática. Para la organización directa de los comicios federales, donde se renovarán la totalidad de los 500 escaños de la Cámara de Diputados, se plantea la asignación de 13 mil 453 millones de pesos.

A esta suma se integran las partidas orientadas al seguimiento de los procesos electorales en 31 entidades federativas —con 17 gubernaturas en disputa y cientos de cargos locales en juego—, además de un apartado inicial de 775.8 millones de pesos concebido para encauzar con suficiente anticipación el andamiaje operativo de la elección judicial de 2028.

La escala de la inversión responde de manera directa al incremento demográfico y a la consecuente ampliación del padrón electoral, cuya lista nominal se proyecta alcance los 102 millones de electores para el momento de la votación.

Este crecimiento impone una exigencia operativa que se traduce en la instalación de más de 176 mil casillas a lo largo del territorio nacional y en la contratación de más de 51 mil supervisores y capacitadores encargados de adiestrar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas.

El esquema financiero contempla asimismo los rubros contingentes e institucionales que marca la ley. Se incluye una bolsa precautoria cercana a los 4 mil 687 millones de pesos, reservada de manera exclusiva para la ejecución de una eventual consulta ciudadana si esta llegase a ser convocada, junto con un monto superior a los 7 mil 700 millones de pesos destinado por mandato legal al financiamiento público de las fuerzas políticas con registro.

El anteproyecto será sometido a votación en las instancias internas del organismo antes de iniciar su recorrido formal hacia la Secretaría de Hacienda y el trámite definitivo de aprobación en el Poder Legislativo.

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Con información de Infobae