Durante su llamado, la legisladora puntualizó tres ejes prioritarios que demandan un análisis riguroso en el marco del borrador propuesto:
• Ambigüedad en términos normativos: Subrayó la urgencia de delimitar objetivamente conceptos clave como oportunidad, veracidad o falsedad informativa, advirtiendo que la falta de precisión técnica abre la puerta a injerencias administrativas o sanciones arbitrarias sobre la labor periodística.
• Supervisión y competencias institucionales: Cuestionó la intención de conceder atribuciones al órgano regulador para fiscalizar el desempeño de las defensorías de las audiencias, una medida que, argumentó, sobrepasa el marco legal y constitucional vigente.
• Certeza jurídica en el régimen sancionador: Enfatizó la necesidad de transparentar los procesos punitivos y el cálculo de multas para evitar que las reglas actúen como un factor inhibitorio de la libertad de expresión.
Detalles de la consulta ciudadana y acceso a la plataforma digital
El proceso de recolección de comentarios coordinado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones permanece abierto a la ciudadanía en general. Para registrar aportaciones o revisar el proyecto, los interesados pueden acceder directamente al enlace institucional de la
Consulta Pública sobre los Derechos de las Audiencias
.
Dentro del sitio web se alojan los archivos base que comprenden la convocatoria oficial, la propuesta de lineamientos y el anexo con las especificaciones técnicas. El procedimiento para ingresar observaciones contempla los siguientes pasos:
• Creación de usuario: Presionar la sección "Iniciar sesión" (marcada en el menú lateral derecho dentro de un recuadro amarillo) y seleccionar la opción para registrar una nueva cuenta proporcionando nombre y correo electrónico.
•Análisis de la documentación: Examinar a detalle los tres archivos normativos disponibles tras acceder al perfil.
• Envío de comentarios: Dirigirse al área inferior del portal principal de la consulta para redactar y plasmar las propuestas antes de las 23:59 horas del 21 de agosto de 2026.
Estructura del proyecto y posturas sobre la regulación
El marco regulatorio promovido por la CRT busca instaurar mecanismos específicos para resguardar a quienes consumen programación en medios abiertos, de paga o de carácter social, comercial y público.
De acuerdo con la explicación expuesta por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, las normas imponen directrices de cumplimiento obligatorio orientadas a clarificar conceptos legales y prevenir la discrecionalidad en su aplicación.
Entre los pilares del proyecto destaca la exigencia de que cada concesionaria elabore un Código de Ética claro y de libre acceso, el cual debe contemplar:
• Un procedimiento formal para la recepción y trámite de quejas del público.
• Criterios editoriales rigurosos que garanticen una cobertura veraz.
• Lineamientos para designar defensores de audiencias independientes, imparciales y transparentes, exentos de conflictos de interés.
•Salvaguardas específicas como la separación clara entre pauta publicitaria y contenido noticioso, diferenciación explícita de opiniones mediante cortinillas o avisos en pantalla, el ejercicio efectivo del derecho de réplica, inclusión para personas con discapacidad y representaciones visuales diversas.
El documento planteado por la autoridad reguladora ha desencadenado cuestionamientos por parte de sectores que advierten sobre posibles riesgos de censura y control estatal de contenidos.
En contraposición, la administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que las medidas no contemplan castigos ni represión a la prensa, destacando que las propias empresas de comunicación mantendrán la supervisión de sus espacios.
Asimismo, el Ejecutivo precisó que el proyecto carece de validez legal previa a la conclusión de la consulta y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que continuará sujeto a modificaciones derivadas de las aportaciones ciudadanas.
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Con información de Infobae