Ciudad de México (Adiscusión).- La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó que el gobierno de México enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer mecanismos que permitan prevenir la postulación de candidatos con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Durante la presentación de la propuesta, Alcalde Luján explicó que la reforma busca que los partidos políticos cuenten con información suficiente antes de definir candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.
Comisión de integridad del INE
La iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas adscrita al Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General para un periodo de tres años.
La funcionaria detalló que esta comisión funcionaría como enlace entre los partidos políticos y diversas autoridades federales, entre ellas el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El mecanismo propuesto permitiría que los partidos entreguen de manera voluntaria listas de aspirantes a candidaturas para que las autoridades realicen consultas y análisis sobre posibles riesgos relacionados con delincuencia organizada.
De acuerdo con la explicación de la consejera jurídica, las dependencias federales únicamente informarían si existe o no un “riesgo razonable”, sin proporcionar detalles sobre investigaciones o expedientes específicos.
Posteriormente, la comisión comunicaría esa información a los partidos políticos, quienes tendrían la responsabilidad final de decidir si registran o no a determinada persona como candidata.
Candidatos deberán aceptar evaluación
La propuesta también establece que toda persona aspirante deberá aceptar obligatoriamente ser evaluada por la comisión como requisito para una eventual postulación, aunque la consulta formal dependa de la decisión de cada partido político.
Alcalde Luján señaló que todo el procedimiento se desarrollaría bajo estrictas condiciones de confidencialidad y que la información generada tendría carácter reservado para evitar afectaciones al debido proceso.
Indicó que se trata de una reforma legal y no constitucional, por lo que será remitida al Congreso para su discusión y eventual aprobación.
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