Culiacán, Sinaloa (Adiscusión).- Organizaciones de la sociedad civil criticaron el actuar del Congreso del Estado durante la reunión realizada este martes respecto al proceso de análisis de la iniciativa de la Ley de Transparencia en Sinaloa, presentada por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM), advirtió sobre el riesgo de homologar en el estado la Ley General de Transparencia, preocupación que hicieron saber durante la reunión con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, presidida por el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez.
Criticó que en el encuentro no existiera un orden del día y señaló que lo que más molestó a los asistentes fue la postura del Legislativo, luego de que el también presidente de la Mesa Directiva sentenciara que no habría modificaciones a la propuesta de Rocha Moya.
Por su parte, Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, calificó como una falta de respeto haber sido convocados con tan poco tiempo de anticipación para discutir un dictamen tan decisivo para la ciudadanía.
“Lo que ayer vivimos fue una mera simulación. Al final concluyeron que iban a hacer las cosas de la manera en que ellos decidieran y nos parece una falta de respeto al trabajo que hemos realizado desde la sociedad civil”, expresó.
Las organizaciones coincidieron en que la iniciativa del gobernador propone que pueda reservarse toda la información relacionada con el gasto público, desde gastos y recibos hasta cualquier documento que avale el uso de recursos públicos.
Lucía Mimiaga, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC), expresó que están buscando ampliar los plazos de respuesta para solicitudes de información pública, pues actualmente se entregan en 10 días y ahora serían 20, incluso hasta 30 con la prórroga.
Además, pretenden eliminar la obligación de transparentar arrendamientos y quitar como sujetos obligados a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos y universidades.
Gustavo Rojo detalló que los sujetos obligados del gobierno del estado crearían organismos internos para atender temas de transparencia, en lugar de mantener un órgano garante independiente.
“En el Poder Judicial, el órgano interno de control se encargaría de la transparencia, y lo mismo ocurriría en el Poder Legislativo, donde recaería en el órgano de control del Congreso del Estado. No se contempla una figura de organismo garante para los municipios y, para quienes trabajamos temas municipales, nadie nos va a poder defender”, indicó.
“Yo puedo llegar con un municipio o una secretaría a pedir información y me pueden responder: ‘¿Por qué te la voy a dar?’. No queda claro quién determina eso”, afirmó.
Asimismo, señaló que se limitaría el acceso a información relacionada con casos de corrupción, al agregarse el término ‘casos de corrupción acreditados’, lo que significa que la autoridad determinará cuáles acusaciones considera válidas y cuáles no.
Manuel Espinoza, integrante del Comité de Participación Ciudadana, agregó que también se propone eliminar obligaciones de transparencia relacionadas con bitácoras de vuelo y listas de vehículos oficiales, disposiciones que actualmente contempla la ley estatal.
También advirtió que se eliminaron obligaciones específicas relacionadas con temas ambientales.
Explicó que la iniciativa contempla reservar por cinco años la información por motivos que puedan generar un problema social, con la posibilidad de extenderse a otros cinco años.
Finalmente, Marlene León indicó al Congreso de Sinaloa que desde la sociedad civil están a la disposición de trabajar en conjunto de manera formal y respetuosa para una iniciativa en pro de la transparencia.
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