Ante un nuevo contingente ciudadano que salió a las calles para reclamar por el suministro hídrico, el mandatario estatal de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, emitió un pronunciamiento público este domingo en el que se comprometió a conducir las acciones gubernamentales con prudencia, descartando cualquier clase de enfrentamiento.
Las declaraciones llegan justamente una semana después de los violentos sucesos registrados en las inmediaciones de la residencia oficial, un caso que actualmente se encuentra bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El titular del Ejecutivo local indicó que, en los primeros compases de la movilización actual, familias y manifestantes de diversas edades identificaron e interpelaron a individuos con el rostro cubierto que pretendían sumarse a la manifestación.
De acuerdo con los reportes oficiales, la propia concurrencia les pidió abandonar el lugar, lo que derivó en agresiones con palos, tubos, petardos, proyectiles y artefactos incendiarios por parte de dichos sujetos, por lo que el gobernador reiteró su llamado a preservar el desarrollo pacífico de la marcha.
Despliegue y tensión en las calles de Guadalajara
La convocatoria dio inicio a las 11:00 horas, partiendo desde el Parque Rojo con rumbo hacia el Palacio de Gobierno. Diversos medios informativos constataron que un grupo de personas encapuchadas, armadas con martillos y varas, intentó incorporarse a la columna pero fue repelido por los asistentes al grito de consignas de rechazo.
Según lo documentado por Aristegui Noticias, el avance de la protesta debió interrumpirse momentáneamente debido a la detonación de un artefacto explosivo pocos minutos después de haber comenzado.
Con el firme propósito de salvaguardar el carácter pacífico de la protesta, los convocantes organizaron brigadas médicas de primeros auxilios y equipos dotados de silbatos para prevenir y reportar posibles excesos.
Como medida de precaución institucional, tanto el Palacio de Gobierno como el edificio del Congreso local amanecieron resguardados por altas vallas metálicas.
El antecedente crítico del 11 de octubre
La actual movilización se celebra solo siete días después de que unas 10 mil personas marcharan desde La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir una solución a la problemática del agua potable.
Dicha jornada culminó cuando la policía estatal empleó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud frente a la residencia oficial. El balance oficial de aquella ocasión arrojó 39 detenidos, 31 civiles atendidos médicamente (elevando el total estimado de lesionados a 59) y 28 elementos policiales heridos, dos de ellos de gravedad.
Diversos colectivos sociales y profesionales de la comunicación denunciaron haber sido blanco de golpes, arrestos arbitrarios y ataques contra la labor periodística. En su momento, Lemus adjudicó los desmanes a un grupo de choque compuesto por aproximadamente 400 individuos equipados con piedras, tubos, martillos y pirotecnia.
Giro institucional y reconocimiento de excesos
Con el paso de los días, la postura del gobernador experimentó un cambio notable.
Tras analizar numerosos registros audiovisuales, el mandatario admitió públicamente que se trató de un operativo con fallas severas que escapó al control operativo, reconociendo de manera abierta la existencia de detenciones arbitrarias y un empleo desmedido de la fuerza pública.
A raíz de esto, instruyó una indagatoria interna con la supervisión de la defensoría estatal de los derechos humanos.
El pasado 15 de octubre, el funcionario confirmó que 17 policías estatales fueron requeridos por la Dirección de Asuntos Internos, advirtiendo que ninguna extralimitación quedará impune, al tiempo que asumió su responsabilidad política de dar la cara ante la ciudadanía.
La ruta jurídica y la intervención federal
La gravedad de los acontecimientos atrajo la atención de las instancias federales y autónomas:
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió el 14 de octubre una indagatoria a fondo sobre las denuncias de tortura, demandando esclarecer las cadenas de mando responsables del operativo e invitando a la CNDH y a la Fiscalía General de la República (FGR) a intervenir en el caso.
Por su parte, la CNDH inició una investigación de oficio ante el temor de tratos crueles, detenciones ilegales y incomunicación, documentando específicamente el caso de un estudiante de derecho que sufrió fractura de cervicales.
Paralelamente, se interpuso una denuncia penal ante la FGR en contra de mandos policiales, el propio gobernador y directivos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) por delitos que van desde la privación ilegal de la libertad hasta la tortura y el uso excesivo de la fuerza.
Informes periodísticos de Aristegui Noticias confirmaron que cuatro de las personas arrestadas el 11 de octubre quedaron vinculadas a proceso judicial por los delitos de lesiones y ataques a representantes de la autoridad.
Demandas ciudadanas y medidas en el suministro
Las agrupaciones civiles exigen la garantía de un suministro hídrico óptimo, la liberación y justicia para los detenidos, sanciones ejemplares para los mandos y agentes responsables de los abusos, la anulación de cualquier intento de privatización del servicio y la aplicación de la revocación de mandato contra el gobernador.
De acuerdo con datos del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), al menos 320 colonias han recibido agua turbia y con olores fétidos desde el mes de marzo.
En respuesta a estas demandas, Lemus ha descartado categóricamente la privatización del servicio, la contratación de nueva deuda o incrementos en las tarifas asociados al acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, asegurando que la calidad del recurso mejoró tras interrumpir el flujo proveniente de la presa Las Pintas.
Dicha medida ha derivado en un programa de tandeo y rotación en el suministro que el SIAPA implementa en 627 colonias desde el pasado 15 de octubre.
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