Ciudad de México.- Durante la reunión con medios del 27 de agosto de 2026, la administración federal presentó un proyecto de enmienda a la Carta Magna concebido por la mandataria
Claudia Sheinbaum
.
Explicada por la Consejera Jurídica de la Presidencia,
Luisa María Alcalde
, la iniciativa impone como condición ineludible la
renuncia formal a cualquier otra ciudadanía
antes de formalizar la candidatura a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales o a la Jefatura de Gobierno capitalina.La búsqueda de una lealtad patriótica sin ambigüedades
Al fundamentar la pertinencia de la medida, la titular del Ejecutivo Federal expuso que se pretende salvaguardar la soberanía y colocar la causa pública por encima de los intereses de cualquier potencia extranjera.
El planteamiento normativo se remitirá al Congreso de la Unión para su deliberación parlamentaria, abarcando a todos los titulares del Poder Ejecutivo tanto a nivel federal como en las entidades federativas.
La mandataria observó que el texto constitucional vigente adolece de vacíos normativos explícitos sobre la renuncia previa de nacionalidades secundarias al momento de inscribirse a una contienda política.
Con esta adición legal, la aspiración a cualquiera de estos puestos quedará supeditada de manera estricta al mantenimiento exclusivo de la ciudadanía mexicana.
Ejes principales que estructuran la propuesta legislativa
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo plantea transformar el régimen de requisitos para la titularidad del Gobierno federal, la Ciudad de México y los estados, asegurando que nadie con vínculos de ciudadanía exterior pueda postularse.
Las pautas fundamentales del documento se dividen de la siguiente manera:
??• Exclusividad de la ciudadanía: Únicamente las personas mexicanas por nacimiento que no posean ni adquieran un estatus de nacionalidad distinto tendrán derecho a registrar su candidatura.
• Separación de otra ciudadanía: El desprendimiento legal de cualquier segundo pasaporte deberá concretarse con anterioridad al registro oficial de la aspiración política.
• Estancia comprobada: Quien pretenda competir por la Presidencia necesitará acreditar una permanencia mínima de 20 años en el territorio nacional.
• Restricciones durante el mandato: Se prohíbe taxativamente tramitar o recibir otra nacionalidad o recurrir a la protección de gobiernos extranjeros mientras se desempeñe el puesto.
• Penalizaciones constitucionales: En caso de incumplir o desacatar estas previsiones, se aplicarán los esquemas punitivos previstos en el Título IV constitucional.
• Mecanismos de aplicación: La instrumentación del trámite de renuncia se regulará mediante ajustes a la Ley de Nacionalidad, coordinando acciones entre el INE, la cancillería e instancias internacionales competentes.
Con este marco regulatorio, el Gobierno de México busca blindar la lealtad de sus máximos representantes ejecutivos frente a cualquier posible conflicto de soberanía.
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