Este martes, un tribunal sirio sentenció a muerte a Bashar al-Ásad, quien fue juzgado en ausencia y encontrado responsable de diversos delitos considerados de lesa humanidad.
El gobierno de Bashar al-Ásad
Bashar al-Ásad asumió la presidencia de Siria en 2000, después del fallecimiento de su padre, Hafez al-Ásad, quien había gobernado el país durante casi tres décadas. Desde entonces, mantuvo un régimen autoritario durante más de veinte años.
Una de las principales acciones de su gobierno fue la violenta represión de las manifestaciones prodemocráticas que se produjeron en Siria. La respuesta de las autoridades contribuyó al estallido de la guerra civil en 2011.
El conflicto dejó un saldo de más de 500.000 muertos y provocó el desplazamiento de millones de personas. Además, decenas de miles fueron dadas por desaparecidas, muchas de ellas tras pasar por el severo sistema penitenciario sirio.
La caída de Ásad ocurrió en diciembre de 2024, cuando combatientes rebeldes islamistas encabezados por Hayat Tahrir al Sham, organización que anteriormente había sido la rama siria de Al Qaeda, entraron en Damasco y tomaron la capital con el objetivo de poner fin a su gobierno.
Aunque Hayat Tahrir al Sham sostiene que abandonó el yihadismo, continúa incluida en las listas de organizaciones terroristas de varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos.
Con los rebeldes ya en la capital, Ásad abandonó Siria y se trasladó a Moscú con respaldo de las fuerzas rusas. El presidente Vladimir Putin decidió otorgarle asilo político. Desde entonces, las apariciones públicas del exmandatario han sido escasas.
Las razones de la condena a muerte
En abril, Siria comenzó los procesos judiciales contra Ásad y otros integrantes de su antiguo gobierno. Algunos de los acusados han comparecido personalmente, mientras que otros, como el propio Ásad, han sido juzgados en ausencia por hechos relacionados con las atrocidades cometidas durante la guerra civil.
El tribunal de Damasco determinó que Ásad era culpable de cargos que incluyen asesinato premeditado, homicidio intencional de varias personas, homicidio intencional de menores de 15 años, tortura, tortura que provocó la muerte y múltiples casos de privación de la libertad. Las autoridades judiciales calificaron estos hechos como crímenes de guerra y contra la humanidad.
Después de establecer su culpabilidad, el tribunal dictó la pena máxima: muerte.
Se trata de la primera condena de esta naturaleza emitida bajo las autoridades transitorias sirias, que llegaron al poder tras el derrocamiento de Ásad con el compromiso de llevar ante la justicia a los responsables y exigir cuentas por los crímenes cometidos durante los años de su gobierno.
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