La narrativa del avance

Logros, anuncios e inversiones que buscan construir una narrativa clara: Sinaloa avanza, aún con el tema de inseguridad. Un Carnaval con derrama millonaria, infraestructura vial próxima a inaugurarse, inversión educativa, nueva secundaria, exportación de garbanzo, vacunación reforzada y hasta el “Mundialito Escolar” como antesala del Mundial 2026. Esto es comunicación estratégica. Ordena prioridades y coloca temas positivos en la conversación pública: economía, educación, salud y movilidad. Todo alineado bajo una lógica de gestión activa y presencia gubernamental. Ahora bien, el reto no está en el anuncio, sino en la ejecución. Las cifras proyectadas del Carnaval deberán traducirse en beneficios reales para comerciantes y trabajadores. La obra del Malecón deberá impactar verdaderamente la movilidad. La inversión educativa tendrá que reflejarse en mejores condiciones tangibles para estudiantes. Y la vacunación, en cobertura efectiva. La narrativa es optimista y coherente. Pero en política pública, lo que sostiene la credibilidad no es el diseño gráfico, sino los resultados medibles. Comunicar avances es necesario. Convertirlos en transformaciones palpables es lo indispensable.

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Coherencia en la ruta

En política, la congruencia importa. Y en el caso del Ayuntamiento de Culiacán, hay una línea que empieza a notarse con claridad: la alineación con el modelo social impulsado desde la Presidencia de la República. La entrega de tarjetas de los programas para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar no es solo un acto protocolario. Es la expresión local de una política nacional que coloca en el centro a los sectores históricamente relegados. Y en ese esquema, Juan de Dios Gámez ha optado por caminar en la misma dirección que la presidenta Claudia Sheinbaum. No es el único ejemplo. El incremento salarial a trabajadores del Ayuntamiento replicó el principio de mejora al ingreso que ha sido bandera de la Cuarta Transformación a nivel federal. Lo mismo ocurre con el impulso a obra pública con sentido social, la recuperación de espacios públicos y el énfasis en programas de bienestar comunitario. Más allá de colores partidistas, hay un mensaje político claro: gobernar con enfoque social no es discurso, es ejecución presupuestal. Y cuando un gobierno municipal armoniza su política local con la estrategia federal, se reducen fricciones y se optimizan resultados. El reto, como siempre, será sostener el ritmo y garantizar que los beneficios no se queden en acto simbólico, sino que se traduzcan en impacto real en colonias y sindicaturas. Pero en términos de ruta, el alcalde ha decidido no improvisar. Ha decidido alinearse. La claridad del rumbo también cuenta.

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Borrón fiscal 2026

El SAT en Sinaloa lanzó la edición 2026 de su Programa de Regularización Fiscal con descuentos de hasta el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. No es un dato menor. Tampoco es un gesto inocente. El estímulo amplía de manera considerable el universo de beneficiarios: el tope de ingresos pasa de 25 a 300 millones de pesos. Es decir, no solo pequeños contribuyentes podrán acceder; también empresas medianas con capacidad operativa relevante. En el discurso oficial, el objetivo es claro: ampliar la base de cumplimiento, recuperar cartera vencida y dar oxígeno financiero para que quienes tienen adeudos puedan ponerse al corriente. Desde la lógica recaudatoria, tiene sentido. Mejor cobrar algo que dejar créditos fiscales eternamente litigados. Pero el debate de fondo siempre es el mismo: ¿incentiva la cultura contributiva o manda el mensaje de que conviene esperar el próximo estímulo? La línea es delgada. El programa excluye a factureras y a quienes tienen sentencias firmes por delitos fiscales, lo cual marca una diferencia frente a las viejas condonaciones generalizadas. Aun así, cuando el descuento puede alcanzar prácticamente la totalidad de multas, el Estado camina en terreno sensible. Regularizar fortalece la formalidad. Pero normalizar los “borrón y cuenta nueva” puede erosionar la disciplina fiscal. La clave no está en el anuncio. Está en que sea excepción y no regla.

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El circo político

Si algo ha degradado la conversación pública en México no es la crítica, sino la burla. El intercambio entre el senador Gerardo Fernández Noroña y el conductor Pedro Sola no es un debate de ideas; es un episodio más de la política entendida como ring mediático. Que un senador de la República responda con ironías del tipo “¿Qué se te pudrió?” puede generar likes, aplausos digitales y tendencia en X. Pero no eleva la discusión. La reduce. La convierte en meme. Noroña no es un actor menor. Ha sido diputado federal en varias legislaturas, figura visible del movimiento lopezobradorista desde sus inicios, protagonista habitual de confrontaciones en tribuna y ahora senador de la República. Es un político con trayectoria, con experiencia parlamentaria, con responsabilidades institucionales. Justamente por eso el estándar debería ser otro. La política no es un programa de entretenimiento. No es un concurso de sarcasmo. No es una competencia de frases virales. Cuando quienes ocupan espacios de representación popular optan por la mofa en lugar del argumento, el mensaje que se envía es que gobernar es espectáculo. Y ese es el problema de fondo: no es un caso aislado. Es una práctica que se normalizó. Se premia la ocurrencia, se viraliza la confrontación y se castiga la mesura. El resultado es una arena pública cada vez más ruidosa y menos seria. México enfrenta desafíos reales: seguridad, crecimiento económico, migración, salud pública. No son temas para troleo. Son asuntos de Estado. Cuando la política se convierte en circo, la ciudadanía termina pagando el boleto.