Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Viernes 6
“El poder público no puede depender del capricho de quien decide qué se paga, qué se detiene y qué se congela”
Por:
Redacción el
6 de noviembre de 2026
El dedo chiquito de Feliciano
En Finanzas hay un supersecretario que, aunque no ocupa la titularidad, da órdenes como si fuera el dueño de la dependencia y del Gobierno. Es el dedo chiquito de Feliciano Castro: el funcionario que tiene en sus manos el visto bueno para los pagos, detiene las propuestas de plazas de base y mantiene al Gobierno esperando su decisión. La instrucción, según lo que ocurre dentro de la dependencia, es parar las bases hasta que él decida. Los proveedores también están detenidos: no cobran porque falta su autorización. Y cuando una sola persona se convierte en el filtro de todo, las consecuencias salen de las oficinas de Finanzas: empresas que esperan su dinero, servicios que no pueden avanzar y trabajadores que no saben cuándo se resolverá lo que por derecho les corresponde. No hablamos desde lejos. Lo dicen propios y extraños, desde que entraron, desfilan proveedores y a nadie se le paga. Por eso sabemos que el problema no es un trámite aislado ni una queja de pasillo: los pagos están parados y el subsecretario tiene la última palabra. Lo que el subsecretario no sabe es que se filtraron audios que están por salir a la luz, que lo pondrán en el lugar que le corresponde. Así opera el supersecretario renegón: manda, frena y decide, mientras el secretario aparece en el organigrama y el Gobierno se queda esperando. Si tiene facultades para detener pagos y congelar plazas, que dé la cara y explique con qué criterio lo hace. Si no las tiene, que la gobernadora diga por qué un subsecretario actúa como si pudiera ordenar sobre todo el gobierno. En Finanzas, el poder también se mide por lo que se detiene. Y hoy hay proveedores, trabajadores y dependencias esperando que el dedo chiquito de Feliciano deje de tener al Gobierno en pausa.
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Navolato responde con cuentas
En tiempos en que demasiados municipios acumulan observaciones, respuestas incompletas y millones de pesos sin aclarar, Navolato aparece con un dato que merece reconocerse: logró solventar más de 11 millones de pesos ante la Auditoría Superior del Estado y dejó pendientes apenas 92 mil pesos. No es un asunto menor. Detrás de cada pliego solventado hay documentos, comprobaciones y, sobre todo, una obligación que toda autoridad debería asumir sin excusas: explicar con precisión qué hizo con el dinero público. Navolato no sólo encabeza la lista de municipios con mayores montos aclarados; también lo hace con una diferencia importante frente a otros ayuntamientos que, aun habiendo solventado parte de sus observaciones, mantienen cantidades mucho más elevadas sin resolver. Badiraguato conserva más de 2.1 millones pendientes; Elota, más de 4.6 millones; Juan José Ríos, 326 mil; mientras Culiacán tiene 35 mil pesos por aclarar. Cada caso tiene su propia dimensión, pero la comparación deja una enseñanza clara: cuando hay voluntad administrativa, coordinación y seguimiento, las observaciones se atienden. Solventar no debe ser una medalla automática ni una concesión de la Auditoría; es cumplir con el deber básico de rendir cuentas. Pero en un escenario donde la opacidad suele prolongarse entre oficios, plazos y evasivas, que Navolato haya respondido con resultados verificables marca una diferencia. La transparencia también se mide en lo que una autoridad es capaz de aclarar.
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La corrupción no está hereje
El vergonzoso escándalo de corrupción que hoy salpica al INE no apareció de la noche a la mañana. Las prácticas irregulares han transitado durante años, quizá décadas, por las cañerías de ese instituto, pero pocas veces habían quedado tan expuestas las contradicciones entre el discurso de austeridad y honestidad y la conducta de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la limpieza de las instituciones. Y en ese escenario aparece Guadalupe Taddei, la mujer presentada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como ejemplo de integridad, casi inmaculada, y supuestamente incapaz de incurrir en las mismas prácticas que tanto se reprochaban a «los de antes». La ironía es que quienes llegaron prometiendo desterrar los viejos vicios parecen haber encontrado en las instituciones un terreno bastante cómodo para reproducirlos. Porque la corrupción no tiene partido, ideología ni antigüedad; tampoco se purifica con discursos de transformación. Y cuando quienes presumen autoridad moral terminan bajo cuestionamiento, el problema ya no es solamente lo que ocurre en las cañerías, sino la hipocresía de quienes juraban venir a limpiarlas.
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Paloma dice no a Mazatlán
Paloma Sánchez Ramos parece tener bastante claro dónde quiere estar en 2027 y, por lo pronto, no es en el Palacio Municipal de Mazatlán. La senadora priista descartó buscar la alcaldía del puerto y aseguró que, si el PRI no encabeza la candidatura a la gubernatura dentro de una eventual alianza opositora, su intención sería permanecer en el Senado y dejar que otros cuadros del priismo mazatleco compitan por esa posición. El mensaje tiene varias lecturas: por un lado, intenta despejar el camino a quienes ya tienen aspiraciones municipales; por otro, deja entrever que para el PRI la negociación de las candidaturas no será un asunto menor. Porque si algo está en juego en las conversaciones con el PAN es precisamente quién pone los candidatos y quién termina cediendo los espacios. Paloma dice que no busca generar falsas expectativas en Mazatlán, pero tampoco pierde de vista que las definiciones de 2027 pasan primero por la mesa de negociación de las dirigencias. Y ahí, como suele ocurrir en las alianzas, las buenas intenciones pueden durar hasta que comienza el reparto del pastel. Pero hay que decirlo con toda claridad, Paloma Sánchez tiene la certeza de que ella está apuntada para la grande y esa es la batalla que quiere dar en el 2027: el Tercer Piso.
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