El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen posibles hechos delictivos relacionados con anomalías en procesos de contratación y presuntos vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras.
La controversia por los señalamientos de corrupción al interior del organismo electoral, que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei, adquirió una nueva dimensión este viernes, luego de que las autoridades del instituto solicitaran formalmente la intervención de la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades legales.
A través de un comunicado difundido la noche del viernes, el INE informó que interpuso una denuncia ante la FGR con la finalidad de que se investiguen las “posibles conductas constitutivas de delitos” y, en caso de encontrar elementos suficientes, se “determinen las responsabilidades correspondientes”.
La decisión se produjo después de que, el mes pasado, diversos medios de comunicación revelaran información sobre un presunto esquema irregular de adjudicación de contratos millonarios a empresas dedicadas a la fabricación de materiales electorales, como papelería, tintas invisibles y marcas de agua. Las publicaciones también señalaron posibles relaciones entre antiguos colaboradores del instituto y compañías proveedoras.
La polémica alcanzó directamente a Guadalupe Taddei, quien entonces encabezaba la presidencia del INE. La difusión de fotografías de fiestas y reuniones privadas organizadas por uno de los proveedores del organismo, en las que aparecía la funcionaria, incrementó los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses.
Los señalamientos también provocaron reacciones desde el Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Taddei de “traicionar la confianza del pueblo de México” y exigió una auditoría a los contratos celebrados por el INE desde 1999, ante las sospechas de irregularidades en las adquisiciones y posibles relaciones indebidas con empresas proveedoras.
Tras permanecer tres años al frente del organismo electoral, Taddei anunció su renuncia el 25 de octubre. Un día después, comunicó oficialmente su decisión a la Cámara de Diputados, que ahora tendrá a su cargo la designación de quien ocupará la presidencia del instituto. Después de su salida, al menos 30 funcionarios y directivos cercanos a ella también dejaron sus cargos en el INE.
ASF y UIF intensifican acciones ante posibles irregularidades en el INE
La salida de Guadalupe Taddei ocurrió en medio de las investigaciones emprendidas por distintas autoridades. Poco antes de su renuncia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales, inició una investigación de oficio contra el INE por el presunto uso indebido de esos fondos.
A estas acciones se sumó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, que durante esta semana congeló las cuentas bancarias de 15 empresas relacionadas con proveedores electorales y de 25 personas, entre las cuales se encuentra la propia Taddei.
Mientras el instituto enfrenta las consecuencias de esta crisis, Blanca Cruz García, quien asumió provisionalmente la presidencia del organismo, y los otros 10 consejeros electorales deberán mantener en marcha los preparativos del próximo proceso electoral.
El trabajo de organización comenzó en septiembre y está enfocado en las elecciones intermedias programadas para junio de 2027, en las que se renovarán 20 mil 109 cargos públicos. La contienda comprenderá 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones locales y 18 mil 494 puestos correspondientes a autoridades municipales.
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