La organización Reinserta lamentó que el embarazo infantil continúa como una de las expresiones más graves de violencia sexual contra las infancias sobre la cual persiste la impunidad.
La ONG detalló que, durante 2024, se registraron más de 92,000 bebés de madres adolescentes, de entre 15 y 17 años de edad, así como casi 8,000 nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Esto significa que, en promedio, 21 niñas menores de 15 años de edad se convirtieron en madres cada día, una situación que sólo puede entenderse como consecuencia directa de abuso sexual.
También, se subrayó que nueve de cada 10 delitos sexuales en el país no se denuncian, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Desde la experiencia de la ONG, en lo que se refiere al tema de atención a víctimas, dos de cada tres sobrevivientes de violencia son niñas y adolescentes.
El llamado de alerta se intensificó tras el caso ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde una niña de 10 años de edad dio a luz en condiciones críticas de salud, al igual que su bebé.
La ONG explicó que, durante su ingreso hospitalario, un joven de 18 años de edad se presentó como su esposo, pese a que la legislación mexicana prohíbe el matrimonio infantil.
Mientras que, la Fiscalía señaló que la adolescente cohabitaba con el padre del bebé, con el consentimiento de los padres de ambos, y precisó que la Fiscalía de Justicia Indígena continuó con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos conforme a la ley.
Para Reinserta, lo sucedido confirmó que el embarazo infantil es siempre producto de violencia sexual, particularmente en entidades como Chiapas, que se mantiene entre los primeros lugares a nivel nacional en este fenómeno.
“La reiteración de estos hechos demuestra que la violencia sexual contra las infancias no está siendo detectada ni detenida”, se denunció
Ante este panorama, se exigió una respuesta integral que no se limite a la sanción penal, sino que incluya prevención del abuso sexual en escuelas y comunidades.
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Con información de El Economista