La protesta concierne directamente a unos 32 mil trabajadores, entre actuarios, oficiales judiciales y secretarios proyectistas repartidos en más de 900 tribunales y juzgados federales del territorio nacional.
Entre los estados confirmados que se sumaron al cese de actividades figuran Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero con presencia en Chilpancingo, Hidalgo desde Pachuca, Jalisco, Michoacán mediante la sede en Morelia, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca —abarcando la capital y Salina Cruz—, Puebla, el Estado de México a través de Toluca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En cuanto a la Ciudad de México, el bloqueo de inmuebles comprende cuatro puntos estratégicos: Ajusco, Las Flores, San Lázaro y Prisma, mientras que en territorio neoleonés el Sindicato de Renovación organizó un cierre en Monterrey sobre el cruce de las avenidas Constitución y Cuauhtémoc.
El detonante de la confrontación radica en los criterios de calificación dispuestos por el Órgano de Administración Judicial.
Aunque el acuerdo especifica que el examen fijado para diciembre operará bajo un carácter diagnóstico enfocado en detectar fortalezas y diseñar programas formativos sin repercusión inmediata en la permanencia, el esquema de puntuación global genera profundo rechazo.
La prueba de conocimientos abarca apenas el 40% de la nota final, quedando el 60% restante a merced de factores subjetivos: un 22.5% dictado por la valoración del superior jerárquico, 7.5% por la apreciación de colegas, 10% mediante reportes institucionales y el resto asignado a indicadores de conducta y productividad.
Desde la perspectiva sindical, la controversia principal recae en la figura de los evaluadores. Diversas agrupaciones, como la Unión Nacional de Trabajadores del PJF y el Sindicato de Trabajadores, advirtieron que otorgar semejante poder de calificación a jueces y magistrados —quienes accedieron a sus cargos recientemente a través de la elección popular— expone a la base trabajadora a represalias. Los empleados cuestionan la libertad de disentir o corregir errores jurídicos de un superior cuando su propia continuidad laboral depende directamente del criterio de este.
Por tal motivo, los líderes gremiales emitieron directrices para boicotear el proceso y abstenerse de realizar la inscripción.
Pese a que el organismo administrativo asegura que esta primera ronda carece de efectos punitivos directos, el documento oficial detalla castigos severos para las etapas posteriores. Aquellos elementos que alcancen entre 90 y 100 puntos obtendrán la categoría de sobresalientes junto a una constancia de permanencia bianual, idéntica vigencia que recibirán los catalogados como satisfactorios (89 a 80 puntos).
Los rangos de 70 a 79 (regular) y de 60 a 69 (suficiente) obligarán a cursar acciones de fortalecimiento con validez de un año. El umbral crítico se sitúa en los 59 puntos o menos, etiqueta bajo la cual el personal será calificado como insuficiente; este sector únicamente tendrá derecho a una única oportunidad extraordinaria de evaluación y, en caso de reprobar, omitir el trámite o carecer de autorización, se procederá a su baja definitiva de la institución.
El malestar entre la base laboral también se alimenta por los plazos operativos establecidos en el calendario oficial. Las autoridades prevén publicar los temarios los días 17 y 18 de noviembre, para dar paso casi de inmediato a las evaluaciones: el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales.
Dicha programación deja un margen de preparación de apenas dos semanas, lapso en el cual los empleados deben continuar atendiendo sus cargas de trabajo habituales, un factor que impulsó el repliegue en los tribunales y el inicio de estas movilizaciones a nivel nacional.
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Con información de Infobae.