Pese a que el despliegue del registro obligatorio de números telefónicos continúa su marcha con el propósito de combatir los ilícitos mediante la vinculación de cada línea a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una credencial oficial, la extorsión no cede terreno en México.
De acuerdo con cifras compartidas por la organización México Evalúa, el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2026 arrojó una tasa de víctimas por habitante un 65% superior a la registrada durante los mismos meses de 2015.
Al mismo tiempo, la unidad de análisis de la firma especializada SILIKN documentó un incremento de hasta el 90% en los reportes de estafas y fraudes por vía telefónica a lo largo de este año, incidiendo particularmente en aquellas claves numéricas que afrontan procesos de inhabilitación por la normativa de inscripción.
Las fisuras del padrón ante el crimen organizado
Desde la perspectiva de SILIKN, el hecho de asociar una tarjeta SIM a un nombre específico dista de garantizar la localización efectiva de quien emite una llamada delictiva.
La compañía advierte que las estructuras delictivas operan mediante herramientas de telefonía por internet, desvíos automatizados, suplantación de identidades, uso de prestanombres y la falsificación de datos personales. Incluso, dichos métodos logran proyectar en los equipos receptores una apariencia de origen local o nacional, aunque la central de llamadas opere desde el extranjero.
Con este panorama, apagar una línea por incumplir el registro no neutraliza la amenaza, ya que los identificadores de llamada resultan altamente maleables para sortear los filtros administrativos.
Nuevas tácticas de engaño y el dilema de los datos
Aunado a lo anterior, el propio proceso de empadronamiento tecnológico se ha convertido en el gancho preferido para perpetrar timos. Diversos estafadores se hacen pasar por operadores comerciales o personal gubernamental para intimidar a los ciudadanos con la cancelación inminente de su servicio, logrando que las víctimas revelen claves de autenticación, mensajes SMS o datos confidenciales.
Si bien la identificación de los usuarios aporta elementos a las labores ministeriales, la organización de ciberseguridad subraya que esto dista de ser una cura definitiva contra el fraude.
Asimismo, se alertó sobre los riesgos implícitos en la custodia masiva de CURP, identificaciones y numeraciones telefónicas, recordando que antecedentes como el fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de 2009 evidencian la urgencia de contar con auditorías estrictas y blindajes informáticos ante eventuales filtraciones o venta clandestina de padrones.
Radiografía del delito: 65% más víctimas y concentración territorial
Profundizando en el informe de México Evalúa titulado De la Violencia a la Pacificación, se observa que el pico más agudo en las carpetas de investigación por extorsión se gestó entre 2019 y 2022, estabilizándose posteriormente en una media cercana a las 6.4 víctimas por cada 100 mil habitantes sin mostrar una tendencia a la baja.
La organización enfatiza que los registros oficiales sólo reflejan denuncias formales, mientras que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 calcula una cifra negra del 97.5%, estimando 6,831 ilícitos de este tipo por cada 100 mil habitantes en 2025.
Geográficamente, el fenómeno muestra una marcada concentración: el 85% de las víctimas contabilizadas entre enero y septiembre de 2026 se ubicaron en las regiones Centro, Bajío-Occidente y Norte, las cuales aglutinan el 69% de los habitantes del país.
Zonas industriales, agroalimentarias y comerciales resienten el impacto de este delito, cuyos costos suelen repercutir en el consumidor final.
Ante este escenario, la organización destaca el funcionamiento de herramientas como la línea telefónica 089 —que hacia mediados de 2026 acumulaba más de 244 mil llamadas, logrando frustrar el cobro de la extorsión en el 88.4% de los casos gracias a la asesoría oportuna—, aunque cuestiona que la Estrategia Nacional contra la Extorsión carezca de metas cuantificables y de un presupuesto asignado propio.
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Coon información de Infobae.