El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una acción judicial contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington para cuestionar la validez de distintas leyes estatales que permiten a las universidades conceder tarifas de matrícula reducidas y asistencia económica a estudiantes que carecen de un estatus migratorio legal.
La administración del presidente Donald Trump sostiene que estas disposiciones contradicen la legislación federal. Según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), las normas federales impiden que las instituciones de educación superior otorguen a extranjeros determinados beneficios que no están disponibles para ciudadanos estadounidenses.
Las legislaciones de los cuatro estados demandados autorizan actualmente a sus universidades públicas a aplicar tarifas de matrícula correspondientes a residentes estatales, además de conceder becas, sin tomar en consideración la situación migratoria de los alumnos.
En un comunicado, el DOJ afirmó que este tipo de legislación supone una discriminación inconstitucional contra los ciudadanos estadounidenses y, además, genera incentivos que pueden favorecer la inmigración ilegal.
En el caso específico de Arizona, la demanda hace referencia a un informe elaborado por el Arizona Center for Investigative Reporting. De acuerdo con esa investigación, durante los próximos años más de 3.600 extranjeros indocumentados podrían beneficiarse anualmente de las tarifas universitarias destinadas a residentes que contempla la legislación de ese estado.
La ofensiva judicial se produce después de dos órdenes ejecutivas que Trump firmó el año pasado. Ambas medidas tienen como objetivo impedir que los inmigrantes indocumentados reciban beneficios financiados con recursos fiscales o algún tipo de trato preferencial.
El fiscal adjunto Stanley E. Woodward defendió la decisión del Gobierno con una declaración contundente: “Al conceder tarifas de matrícula para residentes a extranjeros indocumentados, Washington, Oregón, Nuevo México y Arizona están relegando a los ciudadanos e ignorando la ley federal. Se acabó”.
Esta no es la primera vez que el Departamento de Justicia emprende acciones de este tipo durante la Administración Trump. Hasta ahora, el Gobierno federal ha demandado a 21 estados por estas políticas, entre ellos varios gobernados por republicanos.
La Casa Blanca consiguió además un resultado favorable el año pasado en Texas, donde logró terminar con un programa vigente desde 2001. La iniciativa permitía que determinados jóvenes que no eran ciudadanos estadounidenses, pero que habían vivido y terminado la escuela secundaria en Texas, accedieran a la misma matrícula universitaria reducida que pagaban los residentes legales.
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