El combate al contrabando de material bélico destinado a organizaciones delictivas en México se posiciona como una meta prioritaria dentro de la agenda de la administración encabezada por
Donald Trump, según lo expuesto por
Ronald Johnson
, embajador estadounidense.
Balance de decomisos y detenciones en territorio estadounidense
Mediante un recurso gráfico compartido en la red social X, la representación diplomática detalló los resultados estratégicos alcanzados a partir del arranque de la presente gestión presidencial republicana en enero de 2025.
Los registros oficiales destacan la aprehensión de 10 mil individuos vinculados a redes delictivas de tráfico de armamento y pandillas.
A la par, las intervenciones de las autoridades del país vecino han permitido el aseguramiento de más de 50 mil armas ilícitas en suelo estadounidense, impidiendo que dicho arsenal cruzara la frontera hacia los grupos criminales.
La contabilidad operativa se completa con la interceptación de aproximadamente 2.9 millones de cartuchos y la confiscación de 31 mil artefactos explosivos de alta peligrosidad.
El embajador enfatizó que estas cifras reflejan la efectividad del trabajo coordinado con las autoridades mexicanas lideradas por la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando que la acción conjunta fortalece la protección en ambas naciones.
Reclamos de reciprocidad y datos sobre el origen del armamento en México
El pronunciamiento diplomático responde a una postura sostenida por el gobierno mexicano. Desde febrero de 2026, durante una visita a Sinaloa, la presidenta Sheinbaum enfatizó la urgencia de que Washington asuma su responsabilidad en el control del tráfico bionacional, señalando que la contención de estupefacientes debe corresponderse con el bloqueo al paso de armas hacia el territorio nacional.
En esa misma línea, el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que 80% del armamento confiscado en México —incluidos fusiles de alto poder, ametralladoras, piezas Barrett y municiones— proviene de Estados Unidos, destacando que una de cada cinco armas aseguradas en el país se ubica en el estado de Sinaloa.
Posteriormente, en julio de 2026, durante el evento "Sí al Desarme, Sí a la Paz" realizado frente a la Basílica de Guadalupe, la mandataria mexicana reiteró que el 75% del material bélico incautado o entregado tiene origen estadounidense y cruza de manera ilegal, apelando al principio de responsabilidad compartida.
En dicho acto, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, detalló que bajo la actual administración se han retirado de las calles casi 40 mil armas. De ese balance, 11 mil 679 piezas (6 mil 404 armas cortas, 3 mil 419 largas y mil 856 granadas) junto a 700 mil cartuchos se recabaron mediante el programa de desarme voluntario.
El mecanismo BIG y la evolución de los aseguramientos
Como parte del esquema de trabajo conjunto, en junio de 2026, Ronald Johnson y el canciller mexicano Roberto Velasco formalizaron la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG).
Esta instancia articula las labores de 15 agencias del gobierno estadounidense con sus contrapartes en México.
La agenda de trabajo del
BIG abarca el combate al tráfico de fentanilo y otras sustancias ilícitas, la interdicción de armas y personas, la neutralización de redes financieras ilegales, la lucha contra el huachicol, el refuerzo de la franja fronteriza y la aplicación de herramientas tecnológicas contra amenazas emergentes.
Al momento de anunciarse la conformación del BIG, las incautaciones en Estados Unidos sumaban poco más de 36 mil armas de fuego. Para agosto de 2026, dicha cifra ascendió a 50 mil unidades, un incremento que las autoridades diplomáticas atribuyen al reforzamiento de las operaciones bilaterales.
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Con información de Infobae.