Ciudad de México.- Un tribunal de la Federación aceptó dar curso a la demanda de
amparo indirecto
presentada por la defensa de
Danna Yanina “N”
, procesada por la muerte de la menor
Dafne Zapata Quintos
en la
Academia Militarizada Marina Doenitz
de Ciudad Madero,
Tamaulipas
.
El recurso abre la vía para indagar probables vulneraciones a los derechos humanos de la imputada de 18 años, quien continuará recluida bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de Altamira mientras se desahoga el expediente constitucional.
Dilaciones en el fuero común motivaron la intervención federal
El jurista Carlos David Robles Figueroa, integrante de la representación legal de la procesada, hizo pública la determinación de la autoridad judicial.
Según explicó, la estrategia de acudir a la vía federal surgió ante la falta de remisión del recurso de apelación interpuesto contra la vinculación a proceso del 28 de julio, trámite que la jueza de control local no ha enviado a la instancia superior.
Mediante sus canales digitales, el litigante criticó el manejo institucional en el ámbito estatal al calificar el procedimiento local como un entramado lleno de irregularidades, manifestando confianza en la imparcialidad del fuero federal para demostrar la inocencia de la joven.
El escrito constitucional presentado abarca 92 fojas acompañadas de anexos que detallan actuaciones indebidas atribuibles a los servidores públicos intervinientes.
Aunque los agravios específicos no se hicieron públicos, el expediente judicial incluye la concesión de una suspensión del acto reclamado cuyos efectos exactos serán delimitados por el juzgador federal.
Gestiones presidenciales y la postura de las autoridades estatales
El avance procesal en los tribunales federales se da a conocer un día después de que la mandataria Claudia Sheinbaum revelara haber solicitado a la fiscal general Ernestina Godoy un análisis puntual del expediente.
El compromiso fue asumido en Tampico durante la apertura de una clínica del ISSSTE, sitio donde familiares y pobladores realizaron una protesta con consignas exigiendo la libertad de la señalada.
Durante el encuentro con los progenitores, la titular del Ejecutivo federal planteó que la imputada podría hallarse en condición de víctima previa dentro del plantel militarizado y no haber participado directamente en la agresión, precisando que la causa penal permanece formalmente bajo jurisdicción de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Frente a este señalamiento, el fiscal general tamaulipeco Jesús Eduardo Govea Orozco defendió la solidez de la indagatoria. El funcionario sostuvo que el auto de vinculación demuestra la existencia de elementos probatorios suficientes validados jurisdiccionalmente, agregando que la admisión y desahogo de pruebas corresponden a etapas posteriores del juicio.
Govea Orozco descartó además filtraciones de información por parte del organismo a su cargo y confirmó la ejecución de un cateo el pasado 15 de agosto en las instalaciones del colegio militarizado.
Como resultado de las diligencias emprendidas en la carpeta de investigación 0027/2026 por el delito de feminicidio, el fiscal anticipó el cumplimiento de nuevos mandamientos judiciales contra otros probables implicados, sumándose a los tres procesados actuales: Danna Yanina “N”, el director Jorge Luis “N” y la encargada del área femenina Estrella “N”.
Reestructuración legal de la parte acusadora y deslinde de procesos
Por parte de la familia de la menor fallecida, su madre
Alejandra Quintos anunció la incorporación de los abogados
Álvaro Ávila Fonseca y
Darío Gamón Rodríguez para asumir la coadyuvancia en la causa. Los litigantes solicitarán la revisión completa de los audios, registros en video y actuaciones del juicio por feminicidio
El equipo acusador puntualizó que el expediente por la muerte de la menor corre de forma independiente a la causa penal iniciada contra el padre de la víctima, Gabriel “N”, detenido en 2019 por el delito de violación equiparada cometida cuando Dafne tenía seis años.
La menor estaba programada para rendir testimonio en dicho juicio antes de su fallecimiento. Tras la difusión de un mensaje en video donde el imputado alegó extorsión materna y negó los hechos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas resolvió separarlo de la dirección de una primaria y suspender sus percepciones salariales.
Alejandra Quintos optó por no emitir desmentidos públicos sobre los dichos del imputado o las alegaciones de la contraparte, señalando que la carpeta reúne los elementos necesarios para que el juzgador emita una resolución justa.
Previamente, la madre de la menor refirió haber detectado señalamientos que sostienen la presunta responsabilidad de Danna Yanina, dejando la valoración final a las instancias judiciales.
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Con información de Infobae