El sindicato sin brújula
Este viernes no será un día cualquiera para el STASAC. La dirigencia electa finalmente rendirá protesta, pero lo hará en medio de un escenario tan inédito como delicado: sin Homar Salas al frente y con un vacío político y humano que terminó abriendo mucho más que solamente una sucesión interna. Porque una cosa era ganar unidos una elección sindical bajo una sola figura… y otra muy distinta es mantener cohesión cuando el liderazgo desaparece de golpe y comienzan a aparecer intereses, grupos y aspiraciones personales. Y eso es justamente lo que hoy empieza a asomarse dentro del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán. La alcaldesa Ana Miriam Ramos fue clara al señalar que será la propia comitiva electa quien designe al nuevo dirigente para el periodo 2026-2029. Legalmente así corresponde. El problema es que políticamente el escenario ya comenzó a tensarse. Lo que hasta hace apenas semanas parecía un equipo compacto alrededor de la planilla roja, hoy empieza a mostrar fracturas internas. Y no necesariamente por diferencias ideológicas o laborales, sino por algo mucho más humano y frecuente en la política sindical: la disputa por el control. Porque el STASAC no es cualquier sindicato. Tiene peso político, estructura, operación territorial y capacidad de presión dentro del Ayuntamiento. Por eso la decisión que tomen las próximas horas no será menor. Quien asuma el liderazgo llegará no solamente con la responsabilidad de mantener estabilidad interna, sino también con la obligación de evitar que las ambiciones terminen convirtiendo el duelo en guerra de grupos. Y ahí estará la verdadera prueba. Porque una sucesión construida desde acuerdos fortalece instituciones. Pero una construida desde divisiones normalmente termina dejando heridas que duran años.
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Ayuntamiento paranormal
Ya nada sorprende en la política mexicana… pero lo de Mazatlán sí logró levantar varias cejas. Resulta que ahora el Ayuntamiento no solamente tenía problemas administrativos, cuestionamientos políticos o señalamientos internos. No. Ahora también aparece un presunto esquema donde personas desaparecidas y hasta fallecidas seguían “cobrando” nómina municipal desde 2022. Literalmente, ni la ausencia detenía los pagos. Y lo más increíble no es solamente el presunto desfalco. Lo verdaderamente preocupante es el nivel de descuido institucional que exhibe el caso. Porque para que algo así opere durante años se necesita más que un simple error administrativo. Se necesita desorden, falta de control y demasiados ojos cerrados dentro de la estructura municipal. La regidora Maribel Chollet puso el tema sobre la mesa y la respuesta pública terminó siendo una mezcla entre silencio incómodo y discurso institucional. Mientras desde Cabildo pedían explicaciones claras, la alcaldesa Estrella Palacios respondía hablando de honestidad, transparencia y principios de la Cuarta Transformación. El problema es que el discurso anticorrupción suele perder fuerza cuando aparecen cheques, nóminas y denuncias penales de por medio. Y sí, el tesorero asegura que el esquema venía desde administraciones anteriores. Puede ser. Pero políticamente el golpe lo recibe el gobierno actual, porque hoy son ellos quienes administran el dinero de los mazatlecos y quienes tendrían la responsabilidad de detectar, corregir y explicar cualquier irregularidad. Porque una cosa es heredar problemas… y otra muy distinta permitir que el Ayuntamiento parezca oficina de pagos del más allá.
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Negar también es riesgo
En política hay errores que cuestan caro. Pero hay otros todavía peores: negarse a ver la realidad mientras el problema comienza a crecer frente a todos. Y eso justamente empieza a ocurrir en Mazatlán con el tema de la seguridad. La decisión de posponer la Feria Ganadera no cayó del cielo ni apareció por generación espontánea. Podrán decir oficialmente que se trata de una “decisión interna”, un “tema privado” o un asunto exclusivo de los organizadores, pero a estas alturas querer separar completamente el contexto de inseguridad de una decisión de ese tamaño simplemente resulta poco creíble. Y ahí hay que decirlo también: bien por el dirigente ganadero Antonio Lizárraga, porque más allá del discurso político entendió algo elemental: primero está la estabilidad y la prevención. Posponer no es rendirse. Posponer es evitar llegar tarde cuando los focos de alerta empiezan a encenderse. Porque Sinaloa ya vivió cómo comienzan estas etapas. Primero se minimiza el ambiente. Luego aparecen cancelaciones aisladas, ajustes silenciosos y eventos “reprogramados”. Después llegan las afectaciones económicas, la caída de asistencia y el temor social. Culiacán ya recorrió ese camino y sería ingenuo pensar que Mazatlán está blindado únicamente por decreto político o conferencias de prensa. Por eso sorprende la postura de la alcaldesa Estrella Palacios, más enfocada en deslindarse administrativamente del tema que en reconocer el mensaje de fondo que manda la suspensión de uno de los eventos ganaderos más importantes del sur del estado. Porque gobernar no consiste solamente en decir “no nos corresponde”. También implica capacidad de lectura, prevención y sensibilidad política. Y mientras desde el Ayuntamiento insisten en que “todo está bien”, la realidad empieza a mandar señales distintas. El problema de intentar tapar el sol con un dedo es que tarde o temprano la sombra termina alcanzando a todos.
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Igualdad en la placa
En medio de tantos debates políticos y discusiones sobre seguridad, el Congreso de Sinaloa aprobó una reforma que, aunque no genera escándalo ni tendencias virales, sí toca una realidad que durante años permaneció relegada dentro de las propias corporaciones policiacas: la desigualdad hacia las mujeres dentro de las instituciones de seguridad pública. La modificación a la Ley de Seguridad Pública no solo formaliza las Unidades de Género en policías estatales y municipales, algo que en los hechos ya operaba desde la Alerta de Violencia de Género de 2017. También establece algo que parecía lógico desde hace mucho tiempo, pero que apenas ahora quedó escrito en la ley: que mujeres y hombres policías tengan las mismas oportunidades de ascenso y promoción. Y no es un dato menor. Actualmente apenas el 19 por ciento de los cuerpos policiacos en Sinaloa están integrados por mujeres. Peor aún, a nivel nacional menos del 10 por ciento de las instituciones estatales de seguridad son encabezadas por ellas. La cifra exhibe una realidad histórica: durante décadas la seguridad pública fue vista como un terreno exclusivamente masculino, incluso cuando miles de mujeres terminaron enfrentando las mismas jornadas, los mismos riesgos y muchas veces hasta mayores obstáculos internos. La reforma también endurece requisitos para ocupar cargos dentro de las corporaciones, dejando fuera a deudores alimentarios y personas con antecedentes de violencia familiar, sexual o política contra las mujeres. Algo elemental para instituciones que justamente deberían garantizar protección y legalidad. En un estado golpeado por más de 17 mil casos de violencia familiar registrados apenas en 2024, el mensaje político y social no es menor. Porque la seguridad no solamente se construye con patrullas, armas o operativos. También se construye desde dentro de las instituciones, corrigiendo inercias, abusos normalizados y desigualdades que durante años nadie quiso tocar.